Campeche es una de las cinco entidades donde más delitos denunciados reciben una sentencia condenatoria, dice el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A. C., y señala a Nayarit, Sonora, Colima y Michoacán como las restantes.

Las entidades federativas con mayores tasas de castigo y menores de impunidad, son aquellas que mayor éxito han tenido a disminuir la incidencia criminal, como es el caso de Nayarit, Colima, Sonora, Campeche y Michoacán, agrega el estudio y adiciona que, en contraste, las entidades con las mayores tasas de impunidad al mismo tiempo tienen las tasas más elevadas de incidencia criminal y/o donde es más difícil bajarlas. Pronostica que aquellas entidades federativas que no hagan algo contra la impunidad, terminarán por enfrentar niveles de criminalidad y violencia que no conocían.

En su estudio, expone que a mayo de 2016 los focos rojos en el país por la incidencia delictiva son:

Homicidio doloso: Colima, Guerrero, Sinaloa, Baja California, Chihuahua.

Secuestro: Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Morelos, Veracruz.

Extorsión: Nuevo León, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Baja California.

Robo de Vehículos: Estado de México, Sinaloa, Tamaulipas, Morelos y  Ciudad de México.

En el Comparativo Nacional de Incidencia Delictiva del fuero común por cada 100 mil habitantes, Campeche es el último sitio de la tabla con 92.89, pero la estadística fuerza a abrir los ojos y a apretar el paso porque Yucatán ocupa el noveno lugar, Tabasco el tercero y Quintana Roo el 21.

Es decir, estamos rodeados de estados con menores estándares de seguridad y en ellos los índices de criminalidad no sólo no han bajado sino que se han recrudecido en Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, vecinos incómodos porque representan bretes que ante el desempleo que provocó Pemex y su conflicto primero con Oceanografía y luego con la caída de los precios del crudo han obligado a reforzar la seguridad en sitios complicados de Campeche, como Escárcega-Candelaria o Ciudad del Carmen y Hopelchén-Calakmul. Las fronteras con sus vecinos.

Yucatán, por ejemplo, ha invertido, anunció el gobierno local, 1,500 millones vía deuda cuya transparencia sigue en duda porque hasta ahora no se ha pormenorizado en qué se gastará ese dinero pero también se han presentado casos de tortura que involucra a elementos de la Policía Estatal y que se han documentado en vídeo.

Los problemas de la estrategia yucateca, sin embargo, aún no han dado resultado y precisamente porque el tema de seguridad ha ido escalando, es que el gobierno local tuvo que ser forzado a implementar un proyecto que permitiera definir cómo reducir los elevados índices delictivos. De hecho, delitos menores se han convertido en mayores sin que se respeten los parámetros internacionales que fuerzan al sistema penal acusatorio.

Se han registrado además casos en los que los sistemas del llamado Escudo Yucatán han sido utilizados no sólo para el esclarecimiento de casos de homicidio o robo sino también para amedrentar a ciudadanos con temas particulares de algunos de los funcionarios de las dependencias de seguridad. Se han hecho seguimiento irregulares, violatorios de la libertad de tránsito y se han utilizado los sistemas contra, por ejemplo, conductores de Uber para favorecer a miembros del Frente Único de Trabajadores del Volante, cuyo líder moral, Nerio Torres Ortiz, es el responsable de la Policía Estatal Coordinada.

La seguridad yucateca está íntimamente ligada a Campeche pero la realidad es que los índices de delincuencia de la vecina entidad no son equiparables con los locales y los números que arrojan las diferentes encuestas nacionales de seguridad consideran que en Campeche el más frecuente de los delitos es la extorsión.

En Campeche debe tenerse una fortaleza en el ámbito de seguridad porque, como se ha reportado, en Yucatán se han asentado desde hace muchos años representantes y familiares de los más sólidos cárteles de las drogas del país al extremo que en 1987, durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, el secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, acusó al entonces gobernador Víctor Cervera Pacheco de proteger y dar posada a delincuentes de alto nivel.

Años más tarde, el once de junio de 1993, sería capturado Jozquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo” y en septiembre del año siguiente se hizo público –en un reportaje firmado por José Reveles en El Financiero- que desde la oficina de seguridad del propio Cervera Pacheco, en la Reforma Agraria, se había solicitado el permiso de portación de una de las armas decomisadas en la hora detención del capo en Chiapas.