¿EN QUÉ CONSISTE Y QUÉ ES LA REFORMA ELÉCTRICA DE AMLO?.- La iniciativa enviada por el presidente consta de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y nueve transitorios. De ser aprobada en el Poder Legislativo a más tardar a fines de diciembre en donde el fin principal es que la Comisión Federal de Electricidad será una institución con personalidad jurídica propia, es decir, un organismo del Estado. Además desaparecerán las subsidiarias anteriores y quedará un solo órgano encargado de la generación, distribución y administración de la energía eléctrica. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, expuso que con la reforma eléctrica la CFE se fortalecerá también con la desaparición de contratos de autoabastecimiento, “lo que significa que las grandes cadenas comerciales y tiendas de autoservicio tendrán que adquirir la energía a la Comisión”, lo que preocupa a muchos porque tal y como vemos más adelante esto pudiera significar el fin del uso de páneles solares domésticos. El secretario de Gobernación agregó que desaparecerán la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía dos instancias que en el periodo “neoliberal” fueron creadas para acotar las funciones de la CFE y beneficiar a productores privados. (sic) El Centro Nacional de Control de Energía, dijo, pasará a formar parte de la CFE. En la reforma eléctrica enviada por el Presidente se señala que corresponderá al Estado la intervención y exploración de los minerales considerados como estratégicos, entre ellos el litio. Se respetarán las concesiones otorgadas previo al Gobierno de la Cuarta Transformación para la explotación del oro, la plata y el cobre; sin embargo, ninguna de estas será utilizada para el litio.
Según el “Washington Post” tiene como principal objetivo corregir el desorden en el Sistema Eléctrico Nacional que provocó la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto. Esta abrió abruptamente la posibilidad a empresas privadas de participar en la generación de electricidad, sin antes preparar adecuadamente a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad. Con esta iniciativa, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación busca a fortalecer a la CFE para que garantice el suministro eléctrico a los consumidores finales, con precios justos. Y que esto, a su vez, mitigue los riesgos a la seguridad nacional que conlleva la pérdida de control sobre la generación de electricidad al cederla a empresas privadas, además de sentar las bases para conducir, desde el Estado, la transición energética hacia fuentes de generación no contaminantes. Con la reforma energética de 2013, el gobierno de Peña Nieto prometió una mejora general en el SEN y una baja en las tarifas de electricidad. Sin embargo, no solo aumentaron las tarifas sino que —de acuerdo con el gobierno actual— la CFE perdió mercados, fue obligada a endeudarse para comprar electricidad a empresas privadas y fue fraccionada en diferentes subsidiarias que no podían ayudarse o intercambiar información debido a una “separación legal obligada”.

LAS MANOS EXTRANJERAS.- La reforma energética incluso creó, según CFE, un mercado eléctrico paralelo ilegal en donde las empresas privadas simulaban generar electricidad para autoabastecerse. A través de vacíos en la regulación y la complacencia de la Comisión Reguladora de Energía, estas generadoras privadas se hacían de clientes que legalmente consideraban “socios”, pero que en los hechos les revendían electricidad pagando menores costos aprovechando la figura legal creada por la reforma. Al abastecer de esta forma, las generadoras privadas crearon inestabilidad en el SEN. Además, con el pretexto de generar energías limpias, la pasada administración llevó al sector a su completa bursatilización, cargándole todos los costos a la CFE. Como ha explicado la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle, si una empresa producía un megawatt con energía eólica o solar, la CRE le entregaba un “certificado de energías limpias” que en realidad tenía que comprar la CFE, lo cual terminó sumando una carga de 100,000 millones de pesos. Esto no solo se refleja en las finanzas del Estado, sino también en los recibos de luz de los consumidores, por lo cual la población terminaba financiando o subsidiando a las empresas privadas. Al respecto el presidente López Obrador, en su nuevo libro “A la mitad del camino”, ha señalado que la reforma de Peña Nieto fue “contraria al interés público y, de manera perversa, buscaba arruinar a la industria eléctrica nacional y dejar el dominio del mercado en manos de empresas privadas, principalmente extranjeras”. Hay que recordar que existían siete gaseoductos privados que no estaban funcionando y por los cuales la CFE pagaba, aunque no recibiera gas.

NO ES UN CAPRICHO DE AMLO, ES UNA NECESIDAD.- Es en este contexto que se vuelve a poner sobre la mesa que la electricidad, por ser un servicio básico que debe estar garantizado, debe retomarse como un área estratégica del Estado. Por eso la idea de fortalecer a la CFE se aleja de ser una expropiación a rajatabla, sino que responde al problema de desorden regulatorio que dejó la pasada administración, y a una tendencia mundial donde la mayoría de los países están buscando activamente resguardar su soberanía y seguridad energéticas y, por tanto, su seguridad nacional. Afortunadamente, y a pesar de los esfuerzos privatizadores de la administración anterior, México es de los pocos países que aún tiene una empresa estatal fuerte para generar electricidad y ofrecer ese suministro básico. Esto es sumamente importante pues hay países que dependen completamente de las empresas privadas y se han vuelto esclavos de los vaivenes del mercado, lo cual ha elevado el costo de los recibos de luz a niveles récord, como es el caso de España. Hoy las empresas privadas aprovecharon ya la ventana que abrió la administración pasada en el sector eléctrico, invirtiendo grandes cantidades de dinero y creando una infraestructura que simplemente no puede echarse por la borda de un momento a otro. Y ante la propuesta actual de reforma, la pregunta que surge es: ¿Cómo coexistir sin excluirles, pero recuperando el equilibrio que rompió la anterior reforma? La respuesta en la nueva iniciativa está en una división en donde 54% de la electricidad sea producida por la CFE, mientras que el restante 46% lo hagan las empresas privadas. Este balance garantizará que el Estado tenga una presencia que proteja la seguridad energética del país y, al mismo tiempo, pueda coexistir con las empresas que ya tuvieron entrada en el sector. Si la iniciativa privada estuviera encargada de 100% de la generación y distribución de la energía eléctrica en momentos como el que vivimos, cuando el precio de insumos como el gas natural se ha elevado de manera considerable, dejaría a los consumidores en franca indefensión frente a aumentos unilaterales de las tarifas de electricidad porque dependerían completamente del comportamiento del mercado. Ahí está de nuevo el ejemplo de España, en donde las empresas privadas amenazaron con cerrar sus plantas si se abarataban las tarifas de electricidad. La nueva reforma eléctrica no es una vendetta en contra del sector privado, ni un capricho nacionalista de la actual administración, es simplemente una respuesta lógica a un contexto de debilitamiento en el sector energético que urge resolver. Porque para evitar casos como el de España y alcanzar la soberanía energética, es necesario contar con una legislación fuerte que ponga al centro el derecho de las personas a acceder a la energía.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PANELES SOLARES?.- Aquí es donde la “puerca torció el rabo”, porque Luego de algunas versiones que señalaban que la nueva reforma eléctrica afectará a quienes tengan paneles solares para su consumo energético, el presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó que con su iniciativa se cancelen los permisos de auto-abasto con paneles solares que generen energía eléctrica para casa habitación. Por otro lado, Pablo Ramírez, Especialista en Energía y Cambio Climático de “Greenpeace” México señaló que al otorgar al Estado la exclusividad para generación, se cancelaría la posibilidad de que los privados (incluidas las personas en sus casas) puedan generar electricidad, regresando al esquema de monopolio estatal absoluto que existió durante mucho tiempo. Esto sin duda sería un grave error y un retroceso en el camino hacia democratizar la energía. No olvidemos que los proyectos de generación distribuida han servido para combatir inequidades y generar acceso a la energía a sectores de la población que sufrían de pobreza energética.