Amparados, como siempre, bajo el Artículo 115 Constitucional, que les otorga autonomía política, administrativa y financiera, las autoridades municipales, en términos prácticos, hacen lo que quieren.
En los once municipios de Campeche la historia siempre ha sido la misma: deficiencias en el servicio público, irregularidades financieras, opacidad y, en ocasiones, de franca corrupción.
Actualmente las cosas no son muy diferentes. De las once alcaldías casi nadie se salva: en Calkiní (Morena), el alcalde Emiliano Canul Aké no ha podido superar su problema de ingobernabilidad originado por sus conflictos con el partido que lo postuló; en Hecelchakán (PAN), Modesto Arcángel Pech Uitz ha mostrado una insensibilidad política sin parangón, el tratar de imponer impuestos incluso a los ejidos y poniendo barricadas metálicas cada vez que sus gobernados buscan un diálogo directo con él.
En Champotón (PRI), Raúl Uribe Haydar está metido en serios líos, al ser acusado de nepotismo, de financiar campañas políticas de candidatos de otro estado con dinero público y por abandono de su municipio; en El Carmen (PAN), Pablo Gutiérrez Lazarus mantiene su resistencia, grave, a la aplicación del Mando Único Policial; en Tenabo (PRI), José Francisco López Ku comienza a dar muestras de corrupción al manejar en total opacidad recursos a fondo perdido para la tradicional feria municipal; en Calakmul (PAN), Juan González Chan está reprobado en transparencia; en Palizada (PAN), Pedro Ayala Cámara es acusado de revanchismo político contra empleados del gobierno priísta a quienes ha despedido sin miramientos y también por encabezar, con su ejemplo personal, una preocupante decadencia moral.
En los otros municipios Campeche (PRI), Hopelchén (PRI), Escárcega (PRI) y Candelaria (PAN), si bien hasta el momento se carece de acusaciones como las anteriores, tampoco existe una eficiencia administrativa, los municipios están inmersos en crisis financieras graves, con un gasto corriente preocupante y con falta de imaginación de sus alcaldes por ingresar a una dinámica revitalizante, las más de las veces por temor al costo político.
¿Son esos alcaldes, con esos resultados y esos casos escandalosos (apenas a seis meses de haber asumido el cargo), los que intentarán en el 2018 ir por la reelección? El discurso de la clase política, de toda la clase política, es también el mismo: si las autoridades municipales no cumplen, entonces recibirán el castigo del pueblo con el voto.
Pero independientemente de que sea cierto o no, todos los ciudadanos nos quedamos con un deje de impotencia al darnos cuenta que esos mismos alcaldes, de esos mismos partidos, pueden hacer un mucho mejor trabajo si las leyes se aplicaran.
Ese mismo Artículo 115 Constitucional, que todos defienden a capa y espada para evitar intromisión en los asuntos municipales –desde la autodeterminación de sus salarios hasta quién lleva las riendas de las policías-, contempla un párrafo que nunca se ha aplicado porque siempre se han negado a aplicar: “Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan”.
¿Por qué no se aplica esta ley, por ejemplo, en Calkiní donde no hay gobierno?, ¿Por qué no en Champotón, donde la corrupción es rampante y no hay solución a los problemas comunitarios? El día en que nuestras autoridades adquieran un verdadero compromiso con la ley y con la gente, será el día en que todos los funcionarios aprendan que, si por ley están ahí, por esa misma ley serán juzgados.
