
Frecuente. Cada vez son más a menudo los delitos en la entidad por lo cual se busca ponerles un ‘hasta aquí’
REDACCIÓN
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El Congreso del Estado aprobó incrementar la penalidad del delito de robo por tratarse de uno de los de mayor incidencia en Campeche.
Como publicó EL EXPRESO el pasado lunes, un informe proporcionado por la Secretaría de Gobernación (Segob) indica que los delitos de robo y robo con violencia aumentaron 46 por ciento en relación a agosto y septiembre del año pasado.
La reacción del Congreso estatal no se hizo esperar y la mañana de ayer, por unanimidad en lo general, y por mayoría en lo particular, avalaron cambios al Código Penal elaborado por el Asesor Jurídico del Gobierno del Estado, Álvaro Arceo Corcuera, y tan duramente criticado por la
ciudadanía campechana.
Diputados acordaron que se sancionará con mayor severidad cuando el que cometa el delito haya sido o sea miembro de algún cuerpo de seguridad pública o privada, pues por su condición denota el conocimiento del ilícito y su mayor grado de temibilidad ante la víctima.
Ante los constantes hurtos que se realizan en infraestructura pública, especialmente en la del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, se castigará el robo que recaiga sobre material, instalaciones o parte de estas, que proporcionen suministro de agua, energía eléctrica o cualquier otro servicio público o privado, en respuesta al aumento de esa modalidad de robo que produce daños en inmuebles y objetos destinados al servicio de la comunidad.
De igual manera, aumentarán las penas en caso de encubrimiento por receptación, es decir, para quien adquiera un objeto robado.
Asimismo, se busca mayor penalización a quien cometa delito de violación, considerado como grave, y cuyo nuevo castigo pondría a la par a Campeche con los demás estados de la Península de Yucatán, pues actualmente la penalidad es la más baja en la región.
Tras un largo análisis, los legisladores campechanos aceptaron la propuesta para incrementar las sanciones a quienes incumplan con obligaciones alimentarias, además de hacer más severas las penas para quienes renuncien a sus empleos o soliciten licencias sin goce de sueldo con tal de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
Para finalizar, buscarán agravar la penalidad a quienes cometan el delito de despojo en grupo o grupos de tres o más personas, a los autores intelectuales y a quienes dirijan la invasión, con la finalidad de que los responsables no tengan derecho a libertad provisional.
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