El Juez de Control vinculó a proceso al ex Secretario de Salud y ex Director General, así como al ex Director Administrativo del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (Indesalud), de la pasada administración, por el uso indebido de atribuciones y facultades, y ejercicio indebido del servicio público, ambos en pandilla.
En la audiencia que se realizó dentro de la sala federación en el penal de San Francisco Kobén y que duró ocho horas, la autoridad judicial dictó prisión preventiva oficiosa a los dos ex servidores públicos. El Juez dio seis meses a la Fiscalía para terminar de integrar la carpeta de investigación.
Durante la audiencia, la Fiscalía demostró que ambos exservidores públicos desviaron 422 millones 52 mil 968 pesos con 17 centavos correspondientes al pago del ISR de los trabajadores de la dependencia correspondientes a los ejercicios fiscales de 2012, 2014 y hasta septiembre de 2015.
De acuerdo con la Fiscalía, tras la denuncia presentada por el Subdirector de Asuntos Jurídicos y Apoderado Legal de Indesalud, en colaboración con el equipo legal de la Secretaría de Contraloría, bajo instrucciones de Joaquín Sánchez Gómez, mencionó que con las prácticas hechas por los dos ex funcionarios, se desviaron recursos que venían etiquetados.
Detalló que el monto por retención de ISR fue 595 millones 685 mil 790 pesos con dos centavos, de los cuales solo se pagó 173 millones 632 mil 821 pesos con 85 centavos quedando la deuda antes mencionada. Además de las multas, recargos y actualizaciones por el Ejercicio Fiscal 2013 donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó anomalías.
El demandante en su declaración como testigo presentado por la defensa de los dos exservidores públicos manifestó que, ellos se dieron cuenta del desvío de recursos hasta noviembre de 2015, después de la entrega recepción por parte de la anterior administración estatal.
Ante estos señalamientos, la Fiscalía mencionó que se habían dañado las finanzas del Estado, pues se tuvieron que pedir prestamos pagar los adeudos a excepción de 2013, que aún sigue vigente. Explicó que si la dependencia quería hacer contratación de personal tenía que solicitar más recursos al Estado o la Federación, lo cual no se había hecho.
De igual manera, se dijo que la falta de pago de impuestos habían afectado los ingresos del Estado por devolución de pago de impuestos que se hace cuando se cubren los montos en tiempo y forma.
Por su parte, la defensa de los dos ex funcionarios, la cual fue tibia y en ocasiones parecía una extensión de la Fiscalía declaró a cinco de los seis testigos que había citado.
Todos confirmaron los señalamientos de la Fiscalía y dijeron que los dos imputados habían desviado el pago de impuestos para la creación de 600 plazas, a pesar de los señalamientos hechos por los encargados de las áreas de la dependencia.
Pero la defensa dio un giro a su favor cuando uno de los testigos dijo que no se habían afectado las finanzas del estado y no se había incurrido en ninguna falta. Explicó que los desvíos de los pagos de impuestos se venían haciendo desde el Ejercicio Fiscal de 2011, cuando Enrique Iván González López era Secretario de Salud.
Recordó que el mismo González López había solicitado más recursos a la Federación para la creación de nuevas plazas y contratación de trabajadores.
Los nuevos empleos , dijo, eran para cubrir los Servicios de Salud en todo el estado, y una parte era para el Hospital General de Especialidades, otro para el de Oncología. Mientras que otros serían contratados para los Hospitales de Xpujil, Escárcega, Sabancuy y la Península de Atasta.
En el caso de los hospitales que estaban fuera de la capital del estado que habían sido inaugurados durante del año electoral en el que Enrique Peña Nieto sería designado Presidente de la República e incluso el Secretario de Salud federal, Salomón Chertorivski Woldenberg tuvo conocimiento del desvío de recursos para la creación de empleos.
La defensa también reveló que nunca se puso en riesgo las finanzas del estado, ni de la dependencia pues al no haber dinero para el pago de los impuestos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no haría un embargo a Indesalud por considerarse servicios de primera necesidad.
También se informó que en materia de salud, los recursos no están etiquetados pues se pueden utilizar para las áreas de la dependencia que hagan falta. En el caso de las finanzas de la entidad, no se tendría un beneficio al pagar los impuestos en tiempo y forma para la devolución de este recurso.
De acuerdo al Decreto Presidencial del 5 de diciembre del 2008, cuando Jorge Carlos Hurtado Valdés aún era gobernador del estado, no inscribió a la entidad en este programa de devolución de recursos por parte de las autoridades hacendarias.
La defensa de los imputados pidió a la Juez declararse incompetente en torno al caso pues no había delito que perseguir en el fuero común, al ser un asunto de índole federal la omisión por el pago de los impuestos.
Asimismo, acusó a la Fiscalía de ser la única que pone en riesgo el detrimento del estado y de la dependencia al tratar de fincar responsabilidad en contra de los ex funcionarios de Indesalud, quienes solo estaban garantizando los servicios a la sociedad.
Además de presentar una denuncia en contra de los dos ex funcionarios estatales que estaba mal fundamentada al no darse el tiempo y lugar de los delitos cometidos.
Durante la audiencia hubo dos recesos uno de 20 minutos, donde se leyó un dictamen contable por parte de un testigo que terminó siendo parte de la Fiscalía, al no tener un perito especialista en materia contable.
Mientras que el otro receso fue para que el Juez de Control determinará la situación jurídica de ambos ex funcionarios.
Cabe mencionar que durante la intervención de la defensa, se presentó como elemento de prueba todo lo interpuesto por parte de la defensa del porqué no se había cometido delito alguno. El elemento presentado no fue revisado por la Fiscalía quedando como parte de la investigación.
Tras el receso de dos horas a las 18:25 horas, el Juez de Control determinó que habían los elementos necesarios para vincular a proceso a ambos ex funcionarios públicos por los delitos antes mencionados.
Se consideró que el presupuesto de Indesalud no puede ser excedido, esto sin tomar en cuenta que los ex funcionarios lo que trataron en todo momento es garantizar el servicio a los derechohabientes.
Del mismo modo, se determinó que se había incurrido en el desvío de recursos al no pagarse el ISR, lo que generó perjuicio para el organismo aún y cuando los imputados tenían conocimiento de que lo que hicieron estaba mal Aunado a ello, los exfuncionarios solicitaron mayores recursos a la dependencia y no fueron autorizados por ello no debían utilizar el pago de impuesto para contratar más personal. También se descartó que el caso sea de índole federal pues es un asunto que puede ser sancionado en el ámbito local.
Al momento de dictarse la prisión preventiva a los imputados la defensa del ex Secretario de Salud trató de convencer al Juez que fuera de menor tiempo lo cual no se logró.
En el caso de este ex funcionario tenía un amparo a favor para suspenderse provisionalmente los actos en su contra pero quedó sin efecto al cambiar su situación jurídica al ser vinculado a proceso.
Jorge Pérez
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