Sin hacer referencia a la polémica por el cultivo de soya transgénica y pese a negarse a fijar una postura sobre el informe que comprueba la siembra de ese organismo genéticamente modificado en 336 hectáreas de los municipios de Hopelchén y Campeche, el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SemarnatCam) calificó de histórico el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY), firmado los gobiernos, sociedad civil e iniciativa privada de los tres estados de la región.
En rueda de prensa, Roberto Alcalá Ferráez, titular de la SemarnatCam afirmó que el pacto, firmado en la ciudad de Cancún en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP13), es único en su tipo a nivel nacional, pues a través de los gobiernos, empresarios y organizaciones civiles de Campeche, Yucatán y Quintana Roo se generará un marco de regulación y promoción de actividades encaminadas a brindar una mejor calidad de vida.
Explicó que este busca avanzar en la alineación de las políticas públicas con los criterios y metas de las Naciones Unidas en materia de desarrollo sustentable, como es la Agenda para el 2030, que determina una serie de compromisos, valores, principios y metas definidas a las que habrán de abocarse de manera inmediata.
Alcalá refirió que el acuerdo contempla, hacia 2030, las siguientes metas: lograr cero deforestación neta; restaurar dos millones de hectáreas terrestres, incluyendo, la intensificación sustentable de la producción agrícola en 250 mil hectáreas en terrenos agropecuarios; la intensificación sustentable de la ganadería en 250 mil hectáreas en terrenos agropecuarios y la reforestación y acciones de restauración de selvas degradadas; lograr que el 50 por ciento del territorio terrestre y costero de la Península de Yucatán esté bajo esquemas de conservación y/o manejo forestal.
Asimismo, el promover paisajes bioculturales mayas en cinco millones 484 mil hectáreas; atraer recursos provenientes de fuentes privadas y/o internacionales que representen lo equivalente a la inversión de los recursos públicos destinados actualmente a actividades que promuevan la economía verde; y restaurar el 20 por ciento de las crestas arrecifales (54 km) y el 30 por ciento de los sistema playa-dunas costeras alterados por asentamientos humanos (80 km) que protegen comunidades humanas, playas e infraestructura.
A lo largo de su charla, Alcalá Ferráez omitió referirse a uno de los graves problemas ambientales en la entidad: el cultivo de la soya genéticamente modificada, violando la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a que el informe de organismos como Senasica y Cibiogem señalan que la siembra de ese producto en 336 hectáreas pone en riesgo la sanidad animal, vegetal y acuícola del estado.
Más tarde, y al anunciarse que no habría espacio para preguntas y respuestas, el secretario del Medio Ambiente fue abordado a su salida del recinto por los medios de comunicación. A la pregunta de si el ASPY incluye la declaratoria de la Península como libre de productos genéticamente modificados, Alcalá Ferráez se limitó a responder: “ningún comentario”, para después apresurar el paso y abandonar el lugar.
Wilmer Delgado Rojas
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