El texto dice que “las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se cometen en ese horario”. Es parte de la Orden de Relevo y Designación de Mando del Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, de fecha 11 de junio de 2014, firmada por el Teniente Coronel de Infantería Sandro Díaz y emitida en el Campo Militar No 22-D, San Miguel Ixtapan, Estado de México.
En la madrugada del 30 de junio ocurre el lamentable suceso de Tlatlaya donde son “abatidos” 22 presuntos delincuentes, a manos de soldados de ese campo. El Centro de Derechos Humanos ‘Miguel Agustín Pro Juárez’ (Centro Prodh), el pasado dos de julio, dio a conocer ese documento. En versión de esta organización, obra de los jesuitas mexicanos, el texto es “una prueba fehaciente sobre la necesidad de investigar la responsabilidad institucional de la Sedena en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas de Tlatlaya”. Esa es también la posición de organismos internacionales que trabajan en defensa de los derechos humanos.
El documento ‘Tlatlaya a un año: La orden fue abatir’, publicado por el Centro Prodh, prueba con información contundente que en la jerga militar la palabra “abatir” es sinónimo de matar. Entre las muchas evidencias están los boletines de las Fuerzas Armadas emitidos en los dos sexenios más recientes y de manera más puntual que en el radiograma emitido por el teniente al mando en el caso de Tlatlaya se refiere a los hechos como “resultando abatidos 21 personas del sexo masculino, 1 del sexo femenino …”.
No hay duda que en el lenguaje militar, para el caso de México, el término “abatir” es unívoco e indica que se ha dado muerte a presuntos criminales. La reacción del gobierno de la República, por medio de la Secretaría de Gobernación, a la evidencia que ofrece el Centro Prodh, ha sido solo decir que en el diccionario “abatir” significa derribar, desarmar o descomponer. La institución de los jesuitas ya respondió a esta absurda intervención del gobierno que es un atentado contra la inteligencia.
Los hechos interrelacionados que denuncia el Centro Prodh son dos: un documento del Ejército que ordena a sus integrantes “abatir delincuentes en horas de oscuridad” y 22 presuntos delincuentes “abatidos” en Tlatlaya como se afirma en partes oficiales. A esos debe responder el gobierno de la República. Hacerlo está en la lógica de su interés. Se puede controlar a sectores de la prensa e incluso “bajar” el tema de la cobertura mediática, pero eso no hace desaparecer la realidad.
La respuesta del Ejército no puede ser, como ahora lo ha hecho, decir que siempre instruye a sus elementos a respetar los derechos humanos. Eso está bien, pero no contesta a los señalamientos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya probó que en el caso de Tlatlaya hubo ejecuciones extrajudiciales por elementos del Ejército. El caso está en manos de las autoridades judiciales que a un año todavía no resuelven. Las preguntas siguen sin respuesta: ¿Quién ordenó las ejecuciones de Tlatlaya? ¿Quienes las ejecutaron respondieron a una orden? ¿Es una política institucional?
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