El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio a conocer en su página oficial el proyecto de resolución que se discutirá en los próximos días y que involucra una denuncia en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por violencia política de género.

Dicho proyecto indicó que la denuncia se derivó del programa llamado “Martes del Jaguar” conducido por la funcionaria estatal, donde aseguró que cuenta con  presuntas pruebas que dan cuenta de las fotografías íntimas que habrían mandado diputadas de la bancada priista en la Cámara de Diputados a su coordinador Alejandro Moreno.

Días más tarde, la diputada Paloma Sánchez Ramos se presentó ante el TEPJF para presentar un juicio de la ciudadanía, y solicitó que sus derechos políticos fueran protegidos a toda costa, dadas las declaraciones.

En este contexto, se podrían fijar algunas medidas cautelares en contra de Sansores con el objetivo de prevenir la posible afectación a los principios rectores en la materia electoral, indicó en el documento el magistrado ponente Felipe de la Mata Pizaña.

De acuerdo con la denunciante, fue a partir de las declaraciones de Layda Sansores sobre supuestas fotografías íntimas que recibió diversos mensajes de acoso en las redes sociales, además de que se ha replicado la información a través de las mismas vías.

Al respecto, mencionó el temor fundado sobre que la gobernadora de Campeche insista con el tema, cuyas declaraciones vulneran su derecho a ejercer como servidora pública, además de significar un acto de violencia política de género.

Por estas razones, solicitó a la Sala Superior que sean emitidas las medidas de protección necesarias y suficientes, pues además de sus derechos políticos, también se han impactado, limitado y aminorado su esfera social, laboral, psicológica y sexual.

Las medidas que se pidieron fueron, en primer lugar, que se ordene a la gobernadora abstenerse de utilizar recursos públicos para ejercer violencia política de género en contra de la bancada priista; que se deje de insinuar que el coordinador, Alejandro Moreno Cárdenas, tiene en su poder fotos íntimas de las mismas; y por último, que sean eliminadas las publicaciones que difunden dichas conductas.

MEDIDAS CAUTELARES

El proyecto reveló, en este sentido, lo que podría ser una de las resoluciones que se votarán en el apartado IV. Determinación sobre las medidas cautelares; inciso c. Estudio de las medidas de protección solicitadas; sección B. Otorgamiento de medida preventiva respecto a manifestaciones de la gobernadora demandada.

En primera instancia, se podrían emitir diversas medidas de protección a favor de la actora, como la orden a Layda Sansores para que se abstenga y evite hacer comentarios o pronunciamientos que puedan configurar violencia política de género. Lo mismo sobre el resto de diputadas priistas del Congreso.

Agregaron que con ello buscan tutelar el derecho político de las diputadas a ser votadas en su vertiente de desempeño y ejercicio del cargo, así como otros derechos humanos.

Redacción.

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