Medio centenar de elementos de la Policía Estatal y de la Policía Antimotines, resguardados detrás de vallas metálicas y chalecos antibalas, con el arma de cargo a la cintura y cascos protectores, se apostaron frente a la entrada de la Farmacia Comunitaria del DIF Municipal, en la Calle 10 del Centro Histórico, para evitar que decenas de campechanos que acudieron a surtir sus recetas médicas entraran por la fuerza al lugar que fue cerrado por un “embargo” del que todavía no se presenta el mandamiento judicial.

Las familias, que carecen de seguridad social y/o no tienen para adquirir sus medicinas en farmacias comerciales, o bien que acudieron a recoger sus lentes que tienen pagados en la óptica comunitaria dependiente de esa farmacia, comenzaron a lanzar consignas y a presionar a los agentes del Ministerio Público de la FGE y de la SPSC. “¡Que la abran, que la abran, que la abran!”, se escuchaba en el sitio.

Cabe recordar que la farmacia fue cerrada la noche del jueves por un particular sin que medie un actuario o una orden judicial. 

El viernes, la Alcaldía y el DIF Municipal aclararon que no estaban notificados de nada y que no había una orden judicial para embargar el edificio por una supuesta deuda del exalcalde, además de que la Comuna tiene el edificio en comodato hasta el 2024. Ese día incluso detuvieron al encargado del Centro Comunitario acusado de 

retirar las lonas.

El fin de semana fue liberado, pues se demostró que los “sellos” no eran oficiales y no había una orden judicial para el supuesto embargo del edificio.

Todo ya estaba dado para que ayer lunes reabriera la farmacia. Muchos usuarios fueron notificados y llegaron desde temprano para hacer fila, pero la Policía de Marcela Muñoz y de Renato Sales, ambos bajo las órdenes de Layda Sansores, se anticiparon a todos y colocaron  los antimotines para “proteger” el edificio.

A los pocos minutos llegó la alcaldesa Biby Rabelo junto al director Jurídico del Ayuntamiento, Alejandro Durán. Insistieron en que el “embargo” era ilegal, que no había orden judicial ni empleados del Poder Judicial y advirtieron que interpondrían amparos para evidenciar la ilegalidad con que actúa el Gobierno del Estado.

La alcaldesa pidió, una vez más, a la gobernadora Layda Sansores ponerse a trabajar y dejar atrás las rencillas políticas: “Mil años queriendo ser gobernadora, para que llegue y no gobierne”.

Redacción.