El “embargo” de un empresario yucateco al predio donde se ubica la Farmacia a Bajo Costo del DIF Municipal no ha sido ordenada por ningún juez y, por tanto, la custodia prestada por el Gobierno del Estado, a través de la SPSC y FGE carece de sustento legal, lo que confirmaría que la administración de Layda Sansores interviene por motivos políticos en un conflicto entre particulares.

Así se desprende de un documento del Juzgado Quinto de Distrito, con sede en Yucatán, en poder de EL EXPRESO. Fechado el miércoles 31 de agosto, el juez ordena a Rafael Ortiz Ley, el depositario judicial en el pleito entre la empresa yucateca Préstamos GP y el exalcalde Eliseo Fernández Montúfar,  entregar en un plazo de tres días, entregar un informe de las acciones que ha realizado respecto a los bienes inmuebles embargados.

Explica que, si bien, se autorizó a Ortiz Ley fungir como depositario judicial, hasta el momento no se le ha puesto en posesión de bienes embargados porque no logró acreditar que el exalcalde cuenta con bienes suficientes para embargo.

Hay que recordar que el predio donde se ubica la Farmacia del DIF Municipal cuenta con un contrato de comodato con el Ayuntamiento de Campeche hasta el 2024, por lo que su embargo ocasionaría daños y perjuicios al Gobierno Municipal.

Pese a ello y a que no cuenta con documentos judiciales, el Gobierno del Estado, a través de la SPSC y FGE, se prestaron al juego político y brindaron la fuerza pública para que el depositario judicial aplique un embargo a nombre propio, sin que medie la orden del juez, lo que a todas luces es ilegal y exhibe la guerra sucia y el juego político en contra de la Alcaldía de Campeche.

Redacción.