El inmueble donde está el Centro de Salud Municipal a bajo costo del Ayuntamiento no debió ser embargado’ ni clausurado ya que ningún juez ha ordenado tal acción, por lo que ni el depositario judicial Rafael Ortiz Ley ni muchos menos el Gobierno del Estado, por medio de la Fiscalía, debieron de clausurar ni custodiar la farmacia municipal, en un acto que se confirmaría fue ilegal.
En un documento del Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán, que obra en el poder de este medio de comunicación, con fecha de 31 de agosto de este año, se informa que se hizo un requerimiento al depositario judicial Rafael Ortiz Ley, para que, dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del acuerdo, manifieste bajo protesta de decir verdad, qué tipo de acciones ha realizado respecto de los bienes inmuebles embargados.
Lo anterior, en el entendido de que si bien es cierto se le aceptó ser depositario judicial de la empresa ‘Préstamos GP’, también es cierto que hasta el momento no se le ha puesto en posesión de los bienes embargados, toda vez que no ha dado cumplimiento al proveído del 14 de julio, al no haber acreditado que se cuenta con bienes suficientes para el embargo.
Así, el juez advirtió que, si Rafael Ortiz Ley no da cumplimiento a esto, se le impondrá una multa por cinco mil pesos. Es decir, dicho documento comprueba que no había una orden por parte de un juez mercantil para proteger ni embargar el inmueble de la farmacia del Ayuntamiento, por lo tanto, ni la gobernadora Layda Sansores, ni la secretaria de Seguridad Marcela Muñoz, ni el fiscal Renato Sales Heredia debieron intervenir en el pleito ya que están resguardando un inmueble a petición de alguien que no está autorizado para ello.
Hay que recordar que la misma Layda Sansores acusó a la alcaldesa Biby Rabelo de que no tenía nada qué hacer en el Centro de Salud Municipal, pero con este nuevo panorama básicamente la propia gobernadora morenista tampoco tendría por qué estar mandando a custodiar el predio.
Incluso, el gobierno estatal quedaría exhibido por entrometerse en un tema legal de particulares, demostrándose que sólo lo hicieron para atacar a sus adversarios políticos, como lo es el exalcalde prófugo Eliseo ‘N’.
Redacción.