El Gobierno del Estado ha guardado el más absoluto silencio. Y dicen que el que calla, otorga. Pero la que no se ha quedado callada ha sido la oposición: Le exige a la 4T hacer, por lo menos, una investigación real, pero también dar con los infiltrados por el narco y aplicar las sanciones que observe la ley.

Hay que recordar que el grupo de hackers Guacamaya expuso partes militares de la Sedena al escrutinio público, uno de los cuales señalaba que gobiernos emanados de Morena en el Sureste del país, Campeche entre ellos,  habían sido infiltrados por el crimen organizado pues funcionarios públicos de diversos niveles, estatales y municipales, sostenían nexos con el narcotráfico y crimen organizado.

Los archivos secretos eran muy claros: Funcionarios del Gobierno de Campeche están coludidos por el crimen organizado. Y de hecho lanzaban una advertencia: Los niveles de violencia se van a incrementar. Y eso es justo lo que ha pasado desde el inicio de la actual administración, cuando Marcela Muñoz y Renato Sales Heredia se empeñen en decir lo contrario.

Para el dirigente estatal del PRI, Ramón Santini Cobos, el Gobierno del Estado debe investigar y esclarecer si en su gabinete legal y ampliado, o entre sus mandos medios y bajos, existe la posibilidad de corrupción y colusión con el narco, como aseguran los documentos secretos de la Sedena.

El pasado miércoles, el propio secretario de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega, admitió que sí es necesario investigar la posibilidad de la infiltración, ya que no se trata de acusaciones anónimas o carentes de sentido, sino de partes militares en archivos secretos clasificados por el Ejército Mexicano.

Wilmer Delgado.