El ex presidente Donald Trump está bajo investigación criminal por presuntas violaciones de la Ley de Espionaje y por obstrucción de la justicia, reveló la orden judicial que autorizó el cateo de su residencia en Florida.

Según el recibo oficial de materiales confiscados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en la revisión de la mansión de Trump, que, junto con la orden judicial de allanamiento, fueron hechos públicos primero en filtraciones a medios y después por un juez federal, se encontraban documentos marcados ultrasecretos, secreto y confidencial.

Los agentes tomaron posesión de un total de 11 series de documentos, donde, además de materiales altamente clasificados, también había archivos relacionados al indulto presidencial de Roger Stone, socio de Trump, material relacionado con el presidente francés, Emmanuel Macron, y fotografías. No se ofreció mayor detalle.

La orden de inspección al ambiente privado del ex mandatario republicano y sus anexos hechos públicos revelaron que la operación de la FBI se realizó porque el Departamento de Justicia tiene evidencia de lo que se llama causa probable contra Trump de presuntos delitos relacionados con la Ley de Espionaje de 1917, la cual prohíbe la posesión de información oficial que podría dañar a Estados Unidos o ser útil a sus adversarios. 

También gira en torno a potenciales violaciones a otras dos leyes que califican de delito ocultar o destruir documentos para obstaculizar una pesquisa jurídica y de retirar de manera indebida documentos oficiales.

La noche del jueves, el ex mandatario declaró que no se opondría a la divulgaciónde la orden de cateo ni la lista de materiales confiscados, pretendiendo ser campeón de la transparencia, y reiteró que él estaba más que dispuesto a cumplir con cualquier solicitud para entregar los expedientes a las autoridades, y que era innecesaria la operación de la FBI. No mencionó que él tenía la capacidad de divulgar la orden y la lista desde el lunes.

En un comunicado, Trump no sólo subrayó que no se ameritaba el cateo, sino que los documentos ya habían sido desclasificados. Esto ya es otro debate, ya que los presidentes tienen la autoridad de desclasificar documentos. 

Y como es su costumbre, en el mismo boletín informativo atacó a otros, en este caso su antecesor, declarando que el problema mayor es, ¿que harán con las 33 millones de páginas de documentos, muchos de los cuales son clasificados, que el presidente Obama se llevó a Chicago?

En otro frente, Trump sufrió otro golpe más en el ámbito legal esta semana cuando un juez estatal de Nueva York negó desechar el caso criminal contra la Organización Trump, y su ex jefe financiero Allen Weisselberg, con lo que procederá por ahora un juicio en otoño. 

La empresas y el jefe de finanzas fueron acusados el año pasado por haber maniobrado para obtener mayor compensación y evadir impuestos.

Agencias.