Piden justicia. La campaña pidiendo la liberación de ‘Yaki’ no se ha hecho esperar
AGENCIAS
El 9 de diciembre Yakiri Rubí Rubio fue subida por la fuerza a una motocicleta por Luis Omar y Miguel Ángel Ramírez Anaya (hermanos) y llevada por la fuerza al Hotel Alcázar.
Ahí fue tocada, insultada, violentada físicamente (la joven de 20 años presentaba varias puñaladas en los brazos y rasguños) y violada por Miguel Ángel, el hermano mayor.
El violador, quien pesaba casi el doble de kilos que Yakiri, pretendía asesinarla (intento de feminicidio), pero ella logró empujar la navaja hacia su agresor, después de forcejear, causándole una herida en el cuello.
Los hermanos partieron en la motocicleta y, al llegar a su casa, Miguel Ángel murió por el sangrado.
Yakiri logró huir del hotel donde fue agredida y se dirigió a la Agencia Número 50 a poner una denuncia contra los dos hermanos.
Omar llegó a la misma agencia horas más tarde para denunciar el asesinato de su hermano a manos de “su novia” Yakiri. Dos denuncias, una sola detenida: Yakiri.
Los familiares fueron avisados de la detención de Yakiri un día después.
Al asistir los padres a la Agencia para pedir información sobre la detenida los policías ya hablaban de ella como “la homicida”.
A los pocos días y en un proceso lleno de irregularidades Yakiri recibió la sentencia del Juez 68 de lo Penal el día 17 de diciembre, un auto de formal prisión por homicidio calificado.
El Procurador General de Justicia del Distrito Federal anunció que no existía evidencia de violación, lo cual era obvio al no haberse realizado los peritajes necesarios.
Fue hasta el día 18 de diciembre que se hizo la prueba pericial correspondiente, dando muestra de que existían restos de semen y violencia física.
El mismo día, después de la sentencia, se solicitaron por primera vez los videos de las cámaras de seguridad del Gobierno del Distrito Federal que se hallan en el lugar del secuestro.
Otro tema importante que ha surgido es que el juez encargado de la sentencia fue ratificado en 2004 por el Consejo de la Judicatura, a pesar de haber reprobado el examen de actualización, en el cual se determinó que Santiago Ávila Negrón presenta “falta de técnica jurídica, omisión de notificar a las partes, falta de motivación e incongruencia en sus resoluciones” (La Jornada, Lunes 16 de febrero del 2004).
Más grave aún, es que el mismo Ávila Negrón fue acusado en 2011 por Betzabet Perea, quien trabajaba como proyectista en el Juzgado 68 Penal, por acoso sexual y despido por no responder a sus peticiones.
