Una Década de Lucha: La Historia del Ejido El Bajío contra una Gigante Minera
Imagina enfrentarte a una de las empresas mineras más grandes del mundo y lograr que desalojen tus tierras. Eso es precisamente lo que ocurrió en el ejido El Bajío, en Caborca, Sonora. Desde 2013, los agricultores de esta comunidad, quienes fueron desplazados por las operaciones mineras, han logrado no solo recuperar sus tierras, sino también estar al borde de conseguir la cancelación de la concesión minera que permitió la instalación de la empresa en primer lugar.
El abogado Carlos Encinas, representante legal de los ejidatarios, explicó que, tras más de una década de disputas legales, la asamblea ejidal tiene ahora la potestad de pedir directamente a la Secretaría de Economía la cancelación del título de concesión, debido a que la mina ha estado inactiva por más de dos años y no hay interés en un convenio de explotación.
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Recuperación y Resistencia de los Ejidatarios
Los miembros del ejido El Bajío, que suman cerca de 70 personas, han sido los legítimos propietarios de aproximadamente 20 mil hectáreas desde 1971, gracias a reformas en la ley agraria de aquel entonces. Sin embargo, fue hasta el año 2009 cuando tuvieron que empezar a luchar legalmente por sus tierras, justo antes de que la operación minera conocida como Soledad-Dipolos comenzara en 2010 con permisos que posteriormente fueron declarados ilegítimos por el Tribunal Unitario Agrario #28.
Finalmente, en 2013, la perseverancia de la asamblea ejidal rindió frutos cuando lograron que los tribunales agrarios dictaminaran a su favor, obligando a la empresa minera Penmont, propiedad de Fresnillo PLC y parte del Grupo Peñoles dirigido por Alejandro Baillères, uno de los hombres más ricos del país, a desalojar las tierras.
Cambios Legislativos Clave
La posibilidad de que la asamblea ejidal pueda solicitar la cancelación de la concesión minera es en parte gracias a recientes reformas a la Ley Minera, impulsadas hacia el final del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Estos cambios específicamente modificaron el artículo 13, limitando la capacidad de las empresas mineras de adquirir “terrenos libres” para explotación mineral.
- Ahora, cualquier compañía que desee explotar minerales en tierras ajenas debe establecer acuerdos con los propietarios para obtener una concesión.
- Además, si el terreno en cuestión está habitado o ocupado por comunidades indígenas, afromexicanas o cualquier otro tipo de asentamiento, el ganador de cualquier concurso está obligado a firmar un convenio con la comunidad o pueblo para uso del terreno y debe pagar al menos el cinco por ciento de una suma específica calculada según la Ley del Impuesto sobre la Renta, descontando las contribuciones no deducibles pagadas por el titular de la concesión.
Estos cambios no solo refuerzan el poder de las comunidades sobre sus tierras, sino que también ofrecen una vía para que situaciones como la del ejido El Bajío no se repitan en el futuro, asegurando así una mayor justicia y equidad en la explotación de recursos naturales en México.
La lucha del ejido El Bajío es un claro ejemplo de cómo la determinación y el uso efectivo de los mecanismos legales pueden permitir a las comunidades defender sus derechos y su tierra contra intereses corporativos gigantescos. Esta historia no solo es un testimonio de resistencia, sino también un faro de esperanza para otras comunidades en situaciones similares.
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Ángela Martínez es periodista especializada en noticias nacionales y análisis político. Con más de 10 años de experiencia, se distingue por su objetividad y profundidad. Apasionada por la verdad y el periodismo de investigación, trabaja para mantener a los lectores informados con datos verificables y contextos amplios.