¡Exclusivo! Impuesto del 100% a compra de vivienda por no residentes UE: ¿Inconstitucional?

23 de octubre de 2025, 08:59
El impuesto del 100% a la compra de vivienda por no residentes en la UE chocaría con la Constitución y el derecho comunitario

¿Te has preguntado alguna vez cómo influyen las políticas y los impuestos en el mercado inmobiliario? En España, el panorama del mercado de la vivienda está atravesando cambios significativos que podrían redefinir la propiedad y el alquiler de inmuebles. Desde la participación creciente de compradores extranjeros hasta las controvertidas propuestas legislativas, cada decisión tiene un impacto directo en cómo y dónde podemos vivir. Sigue leyendo para descubrir los desafíos y las estrategias que están moldeando el futuro de la vivienda en España.

El papel de los extranjeros en el mercado inmobiliario español

En 2024, el 14% de todas las transacciones inmobiliarias en España fueron realizadas por extranjeros, con una notable participación del 52% de compradores no pertenecientes a la Unión Europea. Estos datos revelan una tendencia creciente hacia la inversión en propiedades españolas por parte de individuos de fuera del bloque comunitario. Este fenómeno no solo afecta la disponibilidad de vivienda, sino también su valor en el mercado.

Presión en el mercado de alquileres

El mercado del alquiler en España también está experimentando una presión considerable. En 2024 se observó una disminución de 96,512 viviendas disponibles para alquiler. Además, la demanda ha crecido exponencialmente, con 124 familias interesadas por cada vivienda ofertada en los primeros 10 días de disponibilidad, un aumento significativo en comparación con los 45 interesados del año anterior. Esta situación ha llevado a un incremento del 11.2% en el precio medio del alquiler, alcanzando los 1,118 euros.

Propuestas legislativas para regular el mercado

El Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto una ley que busca regular este fenómeno mediante la implementación de un Impuesto Complementario Estatal sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles a No Residentes en la Unión Europea. Esta medida impone un gravamen del 100% a las transacciones de inmuebles realizadas por no residentes, con el objetivo de desincentivar la especulación y favorecer el acceso a la vivienda para los residentes.

  • El tributo se aplicaría exclusivamente a la compra de viviendas de segunda mano por no residentes en la UE.
  • Las compras de vivienda nueva ya están sujetas al pago del IVA.
  • Sería responsabilidad del Estado la gestión, recaudación e inspección de este impuesto.

Desafíos legales y constitucionales

Esta propuesta legislativa no está exenta de controversias y desafíos legales:

Constitucionalidad del impuesto

Un gravamen del 100% podría ser considerado confiscatorio, lo cual es contrario a la Constitución española que prohíbe impuestos con alcance confiscatorio.

Implicaciones en el derecho de la UE

Podría interpretarse como una violación al principio de libre circulación de capitales, fundamental en el marco legal de la Unión Europea. Además, podría enfrentar problemas similares a los ya observados en casos anteriores juzgados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se ha considerado discriminatorio el tratamiento fiscal diferenciado para residentes y no residentes.

Comparativa internacional

Distintos países han adoptado variadas medidas para regular la compra de propiedades por parte de extranjeros. Por ejemplo:

  • Canadá: Combina impuestos provinciales, como el Impuesto a la Especulación para No Residentes en Ontario, con restricciones federales directas a la compra de propiedades residenciales por no canadienses.
  • Dinamarca: Aplica restricciones legales directas sin impuestos, medida que está autorizada específicamente por la Unión Europea.

Conclusiones sobre la viabilidad de las medidas

Las medidas propuestas, aunque buscan responder a una necesidad urgente de controlar y regular el mercado inmobiliario, deben ser cuidadosamente evaluadas en términos de proporcionalidad, efectividad y conformidad legal tanto a nivel nacional como europeo. La adecuada implementación de estas políticas será crucial para garantizar que se logren los objetivos deseados sin infringir los derechos ni las normativas existentes.

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