¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el sistema de levantamiento de cuerpos y funerarias detrás de las escenas? En Tijuana, un grupo de funerarias ha levantado la voz contra prácticas que consideran injustas y que podrían estar afectando la elección libre de las familias durante momentos tan delicados como lo es el fallecimiento de un ser querido. Este caso no solo toca la fibra del derecho a elegir, sino que también plantea serias preguntas sobre la integridad de ciertos procesos legales y administrativos en el sector funerario.
Manifestación por la Justicia y Equidad en el Sector Funerario
En una reciente manifestación pacífica, la Unión Funeraria de Tijuana, compuesta por 24 negocios, expresó su descontento frente a lo que describen como favoritismos por parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California hacia ciertas empresas funerarias. Este acto se llevó a cabo el pasado martes 16 de diciembre en la explanada de la Tercera Etapa del Río, Tijuana. Durante el evento, los manifestantes expusieron ataúdes y carteles con mensajes claros dirigidos tanto a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda como a la fiscal general María Elena Andrade Ramírez. Algunos de los mensajes incluían frases como:
– “Las familias deben elegir, ¡No ser obligadas!”
– “¡Fiscalía imparcialidad, no complicidad!”
– “Nadie te obliga a elegir”
– “¡Apoyo señora gobernadora y señora Fiscal!”
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Denuncias de Prácticas Cuestionables
Héctor Abasolo, un director funerario de la región, mencionó que ciertos miembros internos de la fiscalía favorecen a un pequeño grupo de empresas, lo cual complica la situación financiera de muchas funerarias, llevándolas a números rojos y a la pérdida de empleados. Además, se hizo eco de la urgente necesidad de una intervención por parte de las autoridades estatales para asegurar un campo de juego equitativo en el sector.
Por otro lado, Pedro García Tirado, médico legista jubilado con experiencia en el Servicio Médico Forense (Semefo), aclaró que la fiscalía solo está autorizada para intervenir en casos de muerte violenta. Criticó la práctica de levantar cuerpos en casos de muertes naturales, lo cual podría alterar procedimientos clave como la emisión de certificados médicos. García Tirado destacó que en Semefo se realiza lo que describió como una “autopsia verbal” en estos casos.
Respuesta de la Fiscalía General del Estado
Ante las acusaciones, la Fiscalía General del Estado no se quedó callada. Emitieron un comunicado post-reunión con representantes de diversas funerarias el 12 de diciembre, destacando la finalidad de mejorar la coordinación en los procedimientos de notificación y liberación de cuerpos. Se acordaron puntos como:
– Clarificar los horarios de atención y procedimientos oficiales para la liberación de cuerpos.
– La obligación de identificar al personal funerario mediante gafete y uniforme.
– Prohibir la presión hacia las familias para la firma de contratos funerarios, asegurando un trato digno y respetuoso.
– Organizar una reunión de seguimiento para el viernes 26 de diciembre.
Este caso subraya la complejidad y la sensibilidad del manejo de servicios funerarios y cómo las prácticas administrativas pueden impactar profundamente en la experiencia de las familias en momentos de gran vulnerabilidad. La comunidad espera que las medidas anunciadas sean un paso hacia la transparencia y la justicia en este sector esencial.
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Ángela Martínez es periodista especializada en noticias nacionales y análisis político. Con más de 10 años de experiencia, se distingue por su objetividad y profundidad. Apasionada por la verdad y el periodismo de investigación, trabaja para mantener a los lectores informados con datos verificables y contextos amplios.