Introducción al revés judicial en el caso Jenkins
En un giro inesperado que ha capturado la atención de la sociedad mexicana, la familia Jenkins, conocida por su influencia y recursos, se ha visto envuelta en un caso de lavado de dinero que ha oscilado entre decisiones judiciales y maniobras legales desde 2016. Recientemente, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Toluca ha anulado órdenes de aprehensión y una carpeta de investigación que había sido reactivada, marcando un punto crucial en esta larga disputa legal.
Descubramos cómo se desplegó este intrincado caso, desde las acusaciones iniciales por parte de un miembro de la familia hasta las últimas decisiones judiciales que podrían cambiar el rumbo de los acontecimientos significativamente.
El resurgimiento y anulación de una investigación
En junio de 2020, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, decidió reabrir una investigación que ya había sido cerrada en mayo de 2018. Esta investigación estaba relacionada con la supuesta participación de varios miembros de la familia Jenkins en actividades de lavado de dinero. La reapertura de este caso no fue un movimiento discreto, ya que incluyó la emisión de varias órdenes de aprehensión contra personas claves dentro de la familia Jenkins, incluyendo a Roberto, María Elodia y Margarita Jenkins.
Estas acciones, sin embargo, fueron recientemente invalidadas por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación, que dictaminó que la reactivación de la carpeta de investigación fue ilegal. Este fallo anula todas las órdenes de aprehensión emitidas y cierra nuevamente la investigación que había sido archivada anteriormente.
Los orígenes del conflicto
El conflicto legal entre los Jenkins se remonta a 2016, cuando Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito de la familia, acusó a sus parientes de haber desviado más de 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins. Esta fundación, establecida por su abuelo en 1954, fue diseñada para apoyar iniciativas de filantropía relacionadas con el deporte, la cultura y la educación en México, especialmente en Puebla.
Implicaciones políticas y académicas
Las repercusiones de las órdenes de aprehensión emitidas en 2021 se extendieron más allá del ámbito judicial. Miguel Barbosa Huerta, entonces gobernador, utilizó esta situación para intervenir en el patronato de la Fundación de la UDLAP (Universidad de las Américas Puebla). Con el respaldo de la policía estatal, la universidad privada fue controlada durante más de siete meses, un acto que generó considerable controversia y debate público.
Antecedentes de litigios
Antes de este complejo escenario, Alejandro Gertz Manero ya había tenido enfrentamientos legales con la familia Jenkins. Un ejemplo notable fue el litigio civil en 2009 por el derecho de uso de la marca de la Universidad de las Américas, lo que demuestra que las tensiones entre el fiscal y la familia Jenkins no son recientes.
Este reciente fallo del Tribunal Colegiado no solo pone en perspectiva la legalidad de las acciones tomadas por la Fiscalía, sino que también podría sentar un precedente importante en cómo se manejan las reactivaciones de casos archivados en el sistema judicial mexicano. La saga Jenkins, con su mezcla de disputas familiares, implicaciones políticas y legales, continúa siendo un caso digno de seguimiento para entender las dinámicas de poder y justicia en México.
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Ángela Martínez es periodista especializada en noticias nacionales y análisis político. Con más de 10 años de experiencia, se distingue por su objetividad y profundidad. Apasionada por la verdad y el periodismo de investigación, trabaja para mantener a los lectores informados con datos verificables y contextos amplios.