La reunión parecía infinita. Los problemas por el cárcamo de Chicbul muchos estimaban que nunca se resolverían.

La obra, iniciada en el gobierno de Jorge Carlos Hurtado, había dado más problemas desde el principio que los beneficios que ahora reporta, si es que ha resarcido en algo la falta del vital líquido en la isla.

Eran los días en que las visitas al sitio eran frecuentes. Las reuniones se repetían y todos los involucrados participaban, lo mismo el de Conagua, que el del ayuntamiento, que la gente del gobierno estatal. Se discutía, se argumentaba, se probaban opciones.

Ese día en particular la reunión había empezado muy tensa. Desde el inicio, el alcalde de Ciudad del Carmen, Enrique Iván González López, parecía desesperado, inquieto. Era como si tuviera un pendiente que le quitaba la atención de lo que se hablaba, de lo que se discutía y opinaba.

De hecho, varias veces hubo que preguntarle de nuevo ante la falta de respuesta.

La jornada había empezado en la zona de Chicbul, con una inspección ocular para definir avances, ver problemas y qué se requería para avanzar más de prisa en la obra.

Ya de vuelta en Carmen, la reunión técnica se realizó en una de las salas de juntas del ayuntamiento. Ahí, al lado de la oficina del presidente municipal, quien encabezaba la junta sin mucho ánimo de atenderla.

Veía para todos lados, oía sin escuchar. Se le veía aburrido a ratos y ansioso mientras texteaba desde su celular. Su atención, desde la mañana, estaba centrada en el celular que no dejaba de mirar y de responder mensajes.

Luego de un rato, como si explotara algo en su interior, se levantó del asiento y les dijo a quienes ni siquiera lo veían: Voy a atender un pendiente,  si me necesitan me avisan, usando las palabras que eran usuales en él, pero que preferimos no usar en este espacio. Así, caminó hasta la otra habitación, cerrando la puerta.

La reunión seguía sin visos de termino.

De repente, en medio de la discusión sonó el celular del secretario encargado de dar seguimiento a la obra. Era el gobernador Ortega en la línea.

El secretario volteó para un lado, luego para el otro tratando de encontrar un sitio con cierta privacidad para poder atender la llamada. No encontró alguno y, entonces, decidió abrir la puerta que tenía frente así, la misma por la que el primer regidor del ayuntamiento de la isla había salido presuroso.

Tomó la perilla y la giró con toda confianza, pero sin saber a donde conducía. Ya abierta, la sorpresa lo demudó. No pudo responder la llamada y el teléfono por poco termina en el piso.

En su prisa por atender la llamada de su jefe, el funcionario había abierto sin tocar el privado del alcalde Enrique Iván González López y vaya que lo que vio lo dejó mudo: el alcalde tenía los pantalones en los tobillos y una joven se encontraba postrada sobre el escritorio, sosteniéndose con ambos brazos hacia atrás.

El secretario cerró la puerta sin atreverse a decir palabra, pero en la oficina apenas si se percataron del sonido de la puerta al abrirse. Esa era la prisa del edil.

Narran quienes trabajaron en esa administración que los espectáculos de esa naturaleza eran comunes. Corrían ríos de licor y los aspavientos eran de todos los días.

Gritos a los empleados, a los funcionarios. Exigencias, vociferaciones del edil y sus funcionarios contra sus antecesores, pero la recaudación municipal se desplomó de 70 millones anuales a menos de 20. Los cobros eran sin recibo, las presiones para el pago llevaban multas, recargos y amenazas de todo tipo, menos comprobantes.

Los días del premio nacional de recaudación y actualización catastral logrado por la Comuna eran cosa de un pasado lejano.

La extorsión y el mal ejemplo se volvieron uso y costumbre. El ayuntamiento se convirtió en el ariete de presión contra una sociedad que no daba crédito a la falta de calidad de las obras, a la falta de compromiso de su autoridad, a la extorsión a las empresas contratistas de Petróleos Mexicanos. La institucionalización del delito desde el palacio municipal.

Quizá Ciudad del Carmen no vivió nada muy distinto a lo que padecía cuando los abogados pagaban para desaparecer hojas y fojas completas del registro público de la propiedad para los despojos, pero esta vez eran simples familiares del edil, colaboradores cercanos, parientes que se sentían con el poder de presionar, de obligar a la gente a aceptar el despojo por migajas.

Por eso, cuando uno se entera de que el edil no firmó documento alguno, que se dice que puede no recibir castigo, pues uno sólo se pregunta a quien se le encomendó la vigilancia de la hacienda municipal. La responsabilidad es clara, la sanción indispensable.