Aunque muchos partidos y aspirantes a diversos cargos se han manifestado a favor de que se done el dinero de las prerrogativas partidistas a los afectados por el sismo, ninguno ha presentado propuestas legalmente viables para superar las limitaciones que la propia ley impone para transferir esos recursos, señaló el senador panista campechano Jorgte Lavalle Maury.

En un comunicado, el legislador federal recordó que según la ley, la prerrogativa de los partidos políticos no es de libre disposición para ellos, sino que tiene fines constitucional y legalmente establecidos, además de que el monto que reciben es el resultado de la aplicación de una fórmula prevista en la Constitución y desarrollada en las leyes, de modo que la Cámara de Diputados no puede alterar dicho monto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Dijo también que la autoridad electoral y hacendaria no pueden retener o reasignar esos recursos, so pena de incurrir en responsabilidades posteriores; en tanto que los partidos no pueden “donar” a terceros una parte o la totalidad de su prerrogativa.

Sin embargo, dijo que modificar la Constitución para que sea posible que el dinero de los partidos se vaya a los afectados por el terremoto llevaría mucho tiempo, mientras que se requiere una solución de emergencia en el corto plazo.

“A nuestro juicio, existe una alternativa perfectamente viable para alcanzar el objetivo de reducir el financiamiento de los partidos y destinar esos recursos a fondos y programasdirigidos a la ayuda solidaria de los damnificados y a la reconstrucción de sus comunidades”, señaló el senador.

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Explicó que la propuesta consiste en que el Congreso de la Unión emita un decreto de emergencia por el que se suspende la aplicación, hasta el 1 de enero de 2019, de las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de financiamiento público.

Durante este período de tiempo, los partidos recibirían el 15% del financiamiento para gasto ordinario y actividades específicas, es decir, se reducirá en 85 por ciento. Para gastos de campaña en la elección de 2018, únicamente el 50% del monto que determine la autoridad electoral respectiva.

En su aplicación a nivel federal, sólo por el año de 2018, podríamos ahorrar poco más de 5 mil millones de pesos.

Añadió que el decreto de emergencia es una respuesta rápida y políticamente transitable: no exige mayores formalidades y tendría que ser aprobado únicamente por las cámaras de Diputados y Senadores, por mayoría simple (50% + 1 de los presentes) y el Congreso podría lograrlo en muy pocos días.

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