Vladimir de la Torre
Golpe de Timón
Vladimir de la Torre Morín
Lic. en Filosofía y Letras y Master en Comunicación Social por la Universidad de la Habana, Periodista de la Agencia Prensa Latina. Colaborador de diarios de Nicaragua, El Salvador, Chile y Argentina. Investigador para UNICEF en España, Jamaica, Inglaterra, Emiratos Arabes Unidos, Italia, y Qatar. Productor y conductor Televisión.
@‏delatorremorin

Sin pena… ni gloria

Voces, Lunes 1 octubre, 2012 a las 9:37 am

LOS HECHOS. En el balcón de la Biblioteca Central había ya muchos invitados. Es 15 de Septiembre. Uno de los invitados, el Procurador de la PGJ, Renato Sales Heredia. Minutos después se encuentra con el Asesor Jurídico del Gobierno del Estado, Álvaro Arceo Corcuera.

-“Eres un mentiroso, nunca me enviaste la propuesta del código y lo voy a desmentir públicamente”, dijo el procurador.

-“Tienes algún problema conmigo para que se resuelva de una vez”, respondió el asesor.

-El procurador intentó explicar, “solo estoy defendiendo mi punto de vista sobre lo que no me parece”.

-“Esto podemos arreglarlo en cualquier momento”, dijo alzando la voz el asesor, según los testigos.

Sales Heredia tratando de calmar la situación decide abandonar la conversación, al tiempo que Arceo Corcuera levanta la mano, para propinar el primer golpe. Los testigos intervinieron y trataron de disolver el incómodo, inmaduro e incongruente momento.

La razón que provocó el conflicto son algunos artículos de las 110 hojas que contienen el Código Penal de Campeche.

El enfrentamiento se trasladó el día 16 de septiembre a las redes sociales. Desde su cuenta Sales Heredia escribió: “Será el sereno pero no es lo mismo de 5 a 12 que de 8 a 14”. Más tarde agregó: “El (Arceo Corcuera) defiende la disminución de pena a los violadores y yo no estoy de acuerdo. Esa es, en esencia, la litis”, y añadió para terminar, “No se puede con tanta soberbia”.

El Asesor Jurídico, Álvaro Arceo Corcuera no tardó en contestar y desde su cuenta personal acusó al titular de la PGJ y al Secretario de Seguridad Pública del estado de corrupción: “El enorme presupuesto de la PGJ y de la SSP se va en promoción de imagen y mejora de patrimonio personal”. Minutos después remató: “El procurador viaja al DF cada semana o casi. Allí están su casa y su familia. Somos su milpa. Es el “semaneo”. Cuánto cuesta eso?”.

LA POLÉMICA. El nuevo Código Penal tiene avances importantes. Se añadieron artículos importantes contra quién atente intencionalmente contra el Medio Ambiente, a quienes incurran en delitos contra lo estipulado en la Ley General de Protección Civil. Concibe sanciones contra delitos que puedan cometer jueces o cualquier autoridad investigadora. Lo que hace que el tema trascienda, hasta en varios medios nacionales como asunto negativo, fue que el congreso de Campeche a propuesta del ejecutivo disminuya la pena a los violadores.

La propuesta del nuevo Código Penal se hizo desde la oficina del Asesor Jurídico del Estado. Hasta el momento ninguno de los que integran el Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Campeche, organismo integrado con representantes de Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Comisión de Derechos Humanos, Ayuntamientos y Universidades Públicas y Privadas, ha confirmado que recibió previamente la propuesta para su análisis y discusión. El titular de la PGJ aseguró que tampoco le fue enviada.

Así están las sanciones por el delito de violación en varios estados. Distrito Federal (de 6 a 17 años), Estado de México (de 10 a 15 años), Yucatán (de 6 a 20 años), Tabasco (de 10 a 16 años), Quintana Roo (de 6 a 16 años), Chiapas (de 8 a 14 años) y Campeche (de 5 a 12 años según el Nuevo Código).

El principal alegato del asesor es que “el aumento de la pena no garantiza que disminuya el delito”.

No es la época prehispánica cuando los mayas eran convocados para lapidar a un violador, tampoco la etapa colonial cuando a los violadores se sancionaban según lo que estipularan las leyes que regían desde España en el Foro Real, el Fuero Juzgo o las Siete Partidas. Lo que es lo mismo, ni el pueblo puedo tomar la justicia en sus manos, ni el Asesor Jurídico trabaja para una corte real irrefutable.

Como asesor, Arceo Corcuera está en todo su derecho de promover e impulsar las reformas al código que el ejecutivo considere pertinente, y el Procurador está en todo su derecho de cuestionarlo.

APUNTES.

1-El procurador ejerce sus funciones defendiendo una lógica y necesaria división de poderes. Arceo Corcuera evidencia una negación a debatir y a escuchar a las partes implicadas. Una propuesta de esa naturaleza ni aunque venga del ejecutivo está exenta de cuestionamientos.

2-Si el Asesor acusó públicamente al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador de desvíos de recursos que lo compruebe. Muy bien hablaría de él y de su ya larga trayectoria. Si no tiene pruebas lo que se cuestiona es su credibilidad.

3-Si realmente la propuesta fue enviada al Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Campeche, como asegura Arceo Corcuera, que los integrantes de este consejo lo aclaren abiertamente y así queda evidencia de quién está mintiendo, porque el Procurador asegura que nadie la vio.

4-El Asesor Jurídico debiera aclarar públicamente si consultó explícitamente con el gobernador, Fernando Ortega Bernés, si estaba de acuerdo con disminuir la pena a los violadores, y debe exponer cuál fue su respuesta.

5-Algunos diputados aseguran (fuera del Congreso) que ellos no estaban de acuerdo con la propuesta pero que se les pidió que votaran por unanimidad. ¿Por? No es suficiente que los partidos de oposición lo parezcan, tienen que serlo.

6-Estar abierto al debate y a la conciliación es más sano que levantar la mano para resolverlo por la fuerza. Nunca lo que se vivió en el oeste norteamericano se ha puesto de buen ejemplo en materia jurídica ni judicial.

7-Si Arceo Corcuera considera, desde su experiencia, que “el aumento de la sanción no influye en la disminución de delitos”, esto es un tema abierto al debate y está más cercano a ser un silogismo que un axioma. La respuesta de la sociedad civil, y de los medios de comunicación en alzar la voz es justificada y razonable. Lo que en todo caso demuestra que sobre la hipótesis que plantea el asesor no existe ningún consenso y que no todos están convencidos.

8- Si la hipótesis de que “el aumento de la sanción no influye en la disminución de delitos” es un argumento válido, ¿por qué aplicar ese criterio a los violadores? ¿Por qué no a otro delito de menor gravedad como experimento jurídico? Nada detesta más la sociedad que a un violador, a un secuestrador y a un asesino.

El asesor usa como ejemplo a Estados Unidos al señalar que a pesar de que contempla hasta la pena de muerte esto no representa que los delitos en ese país disminuyan. Utilicemos el ejemplo para contra-argumentar que si la siguen contemplando en su Código Penal es señal de que tampoco tienen demostrado que si la eliminan disminuyan los delitos y en tanto logran demostrarlo la aplican. Regresemos la pregunta, ¿por qué bajar la condena a los violadores?

9-La nueva Legislatura tiene el deber de revisar la propuesta, de llamar al debate de cada una de las partes, y los diputados que hoy llegaron al Congreso deberán escuchar a todos y en base a una “correcta” interpretación de las políticas públicas replantear la propuesta.

Y 10-Si el Asesor Jurídico del gobierno del estado no respeta al Procurador, ni al Secretario de Seguridad Pública y especula públicamente de utilizar el enorme presupuesto destinado a seguridad para beneficios personales, ¿qué más faltará por ver?

Una más. Como si se tratara de sujetos que violan Donas con Azúcar y no de mujeres, el Instituto de la Mujer y la Comisión de Derechos Humanos no abren la boca.

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