El PRD denunció y la Contraloría respondió. Ayer, personal de esa dependencia estatal acudió a las oficinas del secretario general del Sol Azteca,  Luis García Hernández, a notificar que daba entrada a la denuncia y a recoger las pruebas del presunto desvío millonario cometido en la API por sus exdirectores, Fernando Sadek Abad y David Uribe Haydar.

Como EL EXPRESO le ha informado, ambos exfuncionarios son acusados por desviar al menos 180 millones de pesos de los ingresos del Puerto del Carmen, que nunca fueron reportados. Pero sumando los otros puertos, como Seybaplaya, Lerma y Cayo Arcas, la cifra podría llegar a los mil millones de pesos.

Fue el pasado jueves cuando García Hernández presentó formal denuncia ante la Contraloría y exigió una investigación a fondo.

Ayer, personal de esa dependencia respondió y dio entrada a la acusación para iniciar las investigaciones, por lo que recibió los documentos que el perredista ofreció como pruebas del desfalco de Sadek y Uribe.

Personal de la Contraloría estatal llegó a las oficinas del PRD. Luis García entregó la documentación en su poder para que se inicie con la investigación y con ello se sancione a quienes resulten responsables de los desvíos de recursos en la Apicam.

El secretario general del Sol Azteca especificó que el desvío de recursos que denunció es de los puertos de Ciudad de Carmen, Seybaplaya y Cayo Arcas, ya que no entraron los ingresos a la caja del erario público y las pruebas que se aportaron fueron contundentes, aseveró.

Personal de la Contraloría levantó un oficio con el número 072 y con ello el caso fue turnada a la Auditoría Superior del Estado (ASE), donde se le dará seguimiento para que se actúe conforme a derecho y se castigue a los responsables del robo que no puede quedar impune, dijo García,

Al mismo tiempo, dijo que lo importante es que la denuncia fue atendida y que la Contraloría continúa con el seguimiento correspondiente, por lo que el PRD estará pendiente de todo el proceso para que no se quede en el olvido, pues indicó que se trata de una red de corrupción en la que hay muchos ex funcionarios implicados.

“Si el gobierno quiere acabar con la corrupción, deberá sacar todo lo sucio de las administraciones pasadas sin que le tiemble la mano para sancionar, pues los campechanos fueron los perjudicados”, concluyó.

Roxana Vázquez Campos
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