Presionada por demandas de pobladores mayas ante la PGR, Profepa, Senasica y la CIDH, y luego de emitir informes calificados como “inconsistentes”, por fin la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) reconoció en audiencia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con sede en Panamá, que en Campeche existen al menos 16 predios con siembra ilegal de soya transgénica.
El lunes, EL EXPRESO dio a conocer que, el próximo sábado, en el marco de la COP13, Campeche, Yucatán y Quintana Roo firmarán un convenio para declarar a la Península de Yucatán libre de organismos genéticamente modificados. Sin embargo, mientras tanto, el campo campechano sigue siendo, tal como lo denunciaron comunidades mayas, puesto en peligro por el cultivo de ese producto modificado genéticamente que fue prohibido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En su comparecencia ante la CIDH, Sol Ortiz, titular de la Cibiogem, leyó el informe elaborado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en el que se especifica que 16 predios resultaron positivos a la siembra de soya transgénica, en un total de 336 hectáreas de diversas comunidades de los municipios de Hopelchén y Campeche, lo que contraviene a la orden de la SCJN y podría ameritar multas y sanciones, tanto por desacato como por violación a la ley en la materia.
El reporte indica durante los meses de agosto y septiembre de este año llevó a cabo actividades de vigilancia en campo a 55 predios con siembra de soya localizados en Campeche con una superficie de 5 mil 019 hectáreas de cultivo, aplicando pruebas rápidas de detección a cultivos sospechosos de ser genéticamente modificados.
De las 55 muestras colectadas, 24 de ellas arrojaron resultados preliminares positivos, con una superficie aproximada de 3 mil 198 hectáreas de cultivo de soya. Por lo anterior, durante octubre y noviembre de 2016 personal oficial del Senasica realizó 24 visitas de verificación correspondientes a las 24 muestras anteriormente mencionadas, en las localidades de Las Flores, Nueva Esperanza, Cano Cruz, El Temporal, Vicente Guerrero (Iturbide), Nuevo Progreso, Santa Fe, Xcupil y Santa Rosa, en los municipios de Hopelchén y Campeche. Sin embargo, en uno de los 24 predios ya no había nada, presuntamente el cultivo fue arrasado para evitar el estudio de confirmación de soya transgénica.
En su informe de resultados a detección de Organismos Genéticamente Modificados, Senasica confirmó la presencia de modificaciones genéticas en 16 muestras que representan una superficie de 336 hectáreas de cultivo de soya genéticamente modificada, de las cuales 10 corresponden a predios ubicados en el municipio de Hopelchén (305 hectáreas) y 6 al municipio de Campeche (31 hectáreas).
Senasica ordenó el aseguramiento precautorio de todos los cultivos, prohibiendo realizar actividades de cosecha hasta que se les notifique a los particulares las medidas de bioseguridad.
“Con el objeto de prevenir, reducir o mitigar los posibles riesgos que la liberación de soya genéticamente modificada pudiera ocasionar a la sanidad vegetal, animal y acuícola, tomando en consideración que se detectaron eventos biotecnológicos que han sido autorizados por la Secretaría de Salud para el consumo humano mediante su posible importación y comercialización, se expidieron Acuerdos en los que se decretó que se debe asegurar que el producto cosechado sea comercializado a la industria para consumo humano o uso industrial, a fin de evitar su propagación en los siguientes ciclos agrícolas, asimismo y con el objeto de controlar y disminuir la presencia de soya genéticamente modificada en tiempos y sitios no permitidos, se informó a los particulares que deberán realizar la eliminación de plantas voluntarias de soya dentro del predio y en bordos”, leyó Sol Ortiz ante los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que implica que les permite a los particulares cosechar y vender su cultivo ilegal.
Organizaciones de los pueblos indígenas mayas manifestaron su preocupación por el informe y, sobre todo, que se permita comercializar la soya genéticamente modificada, pues eso fomentará el cultivo que actualmente está prohibido en la región.
“Preocupa que den luz verde a comercialización de la cosecha ilegal y también que no explican como llegó la semilla ilegal al campo”, señalaron organizaciones mayas.
Redacción
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