Fiscales fronterizos dejan pasar a narcos

FALFURRIAS, Texas, EU. (AP) — Una tarde de octubre del 2009, un individuo llegó a un puesto de control en la frontera con México. En el tanque de su camioneta fueron hallados 45 kilos (99 libras) de marihuana.

Cuando la Patrulla de Fronteras llamó al departamento de lucha contra el narcotráfico -la DEA-, el organismo le dijo que no le interesaba la captura porque el cargamento era pequeño. El detenido, de 32 años, fue puesto a disposición de la policía local y se declaró culpable de posesión de drogas en un juzgado estatal. Se le dictó una sentencia en suspenso y pagó una multa.

Si el mismo incidente se produjese hoy en el control fronterizo de Falfurrias, el individuo perdería el cargamento, pero probablemente no sería encausado.

Desde fines del 2010, los fiscales del condado de Brooks, con una población de 7.223 habitantes, se han negado a tomar casos debido a una disputa con el Departamento de Justicia en torno a los reembolsos por los gastos en que incurren los juzgados locales. Otras comunidades de la frontera también expresan malestar porque el gobierno propuso eliminar esos reembolsos.

Fiscales desde Texas a California temen que la falta de ayuda del gobierno nacional haga que muchos traficantes queden libres.

Se suponía que el programa de reembolsos permitiría a los fiscales de estas localidades ayudar a las autoridades federales a procesar a los traficantes sin un costo demasiado oneroso.

En el año fiscal del 2009 el Departamento de Justicia dio reembolsos a localidades de Texas, Nuevo México, Arizona y California por más de 10.000 casos. Pero el condado de Brooks dejó de recibir dinero luego que una auditoría reveló que había cobrado casi 2 millones de dólares más de lo que le correspondía. Las otras ciudades de la frontera también podrían dejar de recibir reembolsos pronto.

Armando Barrera, ex fiscal de distrito del condado de Brooks que fue el primero en dejar de procesar casos, una vez le preguntó al fiscal federal a cargo de la oficina del gobierno en Corpus Christi sobre los casos que aceptaba.

“Le pregunté qué hacía con esos casos y me respondió que los dejaban ir”, comentó Barrera.

Eso no le cae nada bien a John Hubert, fiscal de distrito del vecino condado de Kenedy, donde también hay un puesto de control de la Patrulla de Fronteras.

“Si los federales dejan de pagar, lo que va a pasar es que los traficantes van a saber que si transportan menos de 250 libras (113 kilos) los van a dejar ir”, expresó Hubert.

El fiscal calculó que su dependencia procesa unos 245 casos anuales en ese puesto de control. El puesto de Falfurrias generó 158 casos en el 2009, según datos obtenidos a través de la ley de libertad de información.

Condados rurales pobres no pueden hacerse cargo ellos mismos de los costos de estos procesos, dijo Hubert.

El fiscal del distrito del Sur de Texas Kenneth Magidson dijo que su oficina revisa todos los casos traídos de Falfurrias. El mes pasado su oficina procesó exitosamente a una banda a la que se le confiscaron toneladas de marihuana en ese puesto.

Will Glaspy, que supervisa las operaciones de la DEA en el sur de Texas, dijo que ese organismo abre procesos incluso si los sospechosos no son encausados. Y si un traficante es detenido de nuevo, tendrá ese antecedente como agravante.

El acuerdo de cooperación data de 1994, en que fiscales de distrito de la frontera y fiscales federales decidieron dividirse el trabajo de procesar traficantes.

En el condado de San Diego, donde se encuentra el puesto de control más activo de la frontera, el acuerdo se firmó el año pasado. Las autoridades locales se hacen cargo del procesamiento de “mulas” que no tienen antecedentes delictivos y son detenidas con pequeñas cantidades de drogas.

“Esos son los casos que los fiscales nacionales no procesan”, declaró Rachel Cano, fiscal de San Diego. El 90% de los acusados se declaró culpable y quedó en libertad bajo palabra, señaló.

Pero para 1998, los fiscales locales de la frontera le dijeron conjuntamente al gobierno nacional que no podían seguir tramitando esos casos sin una compensación.

A la larga el Congreso presupuestó dinero para reembolsar. El año pasado San Diego recibió 2,7 millones de dólares por procesar 1.335 casos, más que ninguna otra oficina de la región.

Uno de los que hizo fuerza para recibir reembolsos es el fiscal de distrito de El Paso Jaime Esparza. Si los reembolsos son suspendidos, dijo Esparza, él y otros fiscales de la zona tendrán que dejar de aceptar casos cedidos por las autoridades federales.

“Lo mejor del programa es que le permite a los fiscales del gobierno concentrarse en los casos más graves y más complejos”, dejando que juzgados estatales se ocupen de casos menores, expresó Esparza.

Conseguir los reembolsos ha sido siempre una batalla. En el 2011 el programa llegó a contar con 31 millones de dólares, pero en el 2012 se asignaron solamente 10 millones y en el presupuesto de la Casa Blanca del 2013 no hay dinero para ese programa.

En el proyecto de reforma a las leyes de inmigración que debate el Senado, no obstante, se habla de separar fondos hasta el 2018.

El juez de distrito del condado de Brooks Richard Terrell dijo que lo que una vez fue visto como una forma fácil de generar ingresos ha pasado a ser una pesada carga.

El transporte de reos y la búsqueda de fugitivos generan gastos que las municipalidades no pueden absorber.

“Este es un condado pobre”, expresó Terrell. “No tienen los recursos y es poco realista pensar que el condado puede hacerse cargo de estas cosas”.

Para colmo, una auditoría reveló sobrepagos del orden de los 1,9 millones de dólares en el 2007. El condado dice que necesita ese dinero, pero el Departamento de Justicia no parece dispuesto a perdonar esa deuda.

Carlos García, quien es el fiscal de distrito del condado de Brooks desde enero, dice que los reembolsos es algo que hay que resolver antes de que vuelva a tomar estos casos. Pero a diferencia de Terrell, los quiere.

“La gente tiene que responder por los delitos que cometen”, dijo García. Si el condado tiene un acuerdo con el gobierno nacional para hacerse cargo de algunos casos, “al menos son juzgados en una de las cortes, ya sea la estatal o la federal”.