Perspectiva de género, necesaria en justicia penal

Especialista. El procurador fue invitado debido a su trayectoria profesional

Redacción

“Es conveniente incorporar una perspectiva de género en el diseño de un sistema de justicia penal contemporáneo, ya que permite garantizar el goce efectivo de los derechos de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad”, planteó ante senadores  de la República, el procurador  general de  Justicia del Estado, Renato Sales  Heredia al participar en la Segunda Audiencia Pública  que la Comisión de  Justicia de la Cámara Alta convocó para enriquecer con la opinión, técnicas y   participación de expertos, autoridades, profesionales y presentantes de la sociedad civil, el trabajo legislativo relacionado con las iniciativas presentadas para expedir el nuevo Código de  Procedimientos  Penales.

Sales  Heredia fue invitado  por  el presidente  de la  Comisión de  Justicia, senador Roberto Gil Zuarth, a participar en el encuentro con  los  senadores  de la República,  luego de que resultó  seleccionado  por  consenso -en reconocimiento  a  su trayectoria, experiencia y especialidad en el tema-, a fin de  escuchar su pronunciamiento sobre el modelo general, actos procedimentales y criterios  que  regirán  la fase  de investigación  de delitos.

En la explanada del segundo piso del Hemiciclo del Senado de la República,  el procurador de Campeche  aseveró  que  la transición al nuevo sistema de justicia penal implica conceptualizar de manera distinta el principio de legalidad, en el cual el nuevo perfil de los órganos de persecución penal debe ser un órgano eficiente, con capacidad de respuesta y calidad en el servicio.

Dijo que  en la Justicia Restaurativa, el aspecto fundamental del nuevo sistema de justicia penal son los mecanismos alternativos de solución de controversias, por lo que este  tema debe incorporarse como un principio más que regule el nuevo modelo de justicia.

Añadió  que  el éxito del nuevo sistema está fundado en la descongestión judicial, lo cual permitirá darle preeminencia a los delitos de alto impacto  e  indicó que en virtud de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano ante la comunidad internacional, a través de la suscripción de tratados y convenios internacionales de derechos humanos, uno de los aspectos que pudieran trascender en el desarrollo del nuevo sistema de justicia penal, son las órdenes de protección, que tienen como fuente la Convención Internacional Belém Do Pará.

Al  exponer  su  postura  ante  los congresistas  mexicanos,  señaló  que en el ánimo de plantear reglas justas dentro de un sistema de justicia penal democrático, se ha considerado de manera especial el caso de las comunidades indígenas, para lo cual, los involucrados   en la procuración e impartición de justicia tienen el deber de tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas como  la nacionalidad,  el género, el origen étnico, el credo o religión; así  como  las ideas políticas, la posición económica o social u otra condición con implicaciones discriminatorias, por lo que  el acceso a los intérpretes debe ser efectivo y  deben ser contratados por el Estado.

En lo que respecta al Control de Convencionalidad, expresó que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que en consecuencia, el Estado deberá prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Respecto a  la Jurisdicción y Competencia, consideró que este  es uno de los  temas que requiere un análisis especial, pues no sólo se pretende regular con mayor amplitud la función jurisdiccional en torno al conocimiento de los delitos y potestad de conocer de procesos penales, sino que debe plantearse también la competencia en temas transversales, como son los de justicia para adolescentes y militares, a propósito de la última reforma constitucional relacionada con la jurisdicción militar.

Añadió que en relación a la Desformalización de la Investigación, si bien los principios de contradicción, igualdad, imparcialidad, así como el deber de lealtad y objetividad proponen un esquema distinto para obtener datos y desahogar pruebas, se recomienda examinar el tema de la investigación formalizada y desformalizada con el fin de simplificar los procedimientos y técnicas de investigación ministerial.

Rento Sales comentó sobre las formas de la detención, que como se ha visto, la dimensión de la flagrancia se ha reducido y, por tanto, resta posibilidad a la policía para detener al probable responsable de un delito; en este sentido, es preciso definir el alcance de la “inmediatez”, con el fin de establecer un criterio que pueda ser acorde al equilibrio plasmado en la Reforma Constitucional de 2008.

Finalmente dijo que la Codificación única en materia procesal penal es que el Congreso de la Unión tenga facultades para expedir un Código Procesal Penal único.