para Latinoamérica Norte, Rodrigo Ojeda de Koning, aseguró que la empresa respetará la sentencia que emitió hace algunos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la siembra de soya transgénica en la Península de Yucatán. Sin embargo, consideró contradictorio que en México se importe 90% de la soya que se requiere para cumplir con las necesidades de la población y que a su vez se niegue el permiso para cosecharla transgénicamente, ya que la que se trae de otras naciones es muy probable que esté genéticamente modificada.
En entrevista, durante la VII Convención de la Industria de Protección de Cultivos: de la innovación a la alimentación, el directivo de la trasnacional aclaró que el permiso de Monsanto para vender la semilla de la soya en su totalidad no ha quedado sin efecto.
“De hecho, hasta hoy, nuestro permiso es válido y está vigente, y en tanto la sentencia de la Suprema Corte no sea cumplimentada por los jueces de Distrito no tenemos algo sin efecto”, reveló Ojeda.
La SCJN falló a favor de las comunidades mayas y suspendió provisionalmente los permisos de siembra de soya transgénica en la Península de Yucatán, que otorgó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a Monsanto.
La Segunda Sala del Máximo Tribunal ordenó que se lleve a cabo una consulta al pueblo maya. Los ministros señalaron que se debe escuchar a las comunidades, tal como lo dicta la Constitución y diversos tratados internacionales que el país ha suscrito en la materia.
Refirió que Monsanto a nivel global busca colaborar con las comunidades donde tienen presencia de negocios “y si en este caso es necesario nosotros procederemos a estar pendientes que la autoridad realice la consulta, la cual no hace Monsanto, sino la Secretaría de Agricultura”.
Ojeda de Koning detalló que los permisos que tienen en vigor en materia de soya transgénica están Tamaulipas, ciertas partes de San Luis Potosí, Veracruz y los estados de Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Yucatán.
De acuerdo con el directivo, todavía no está clara la forma en que la autoridad aplicará la sentencia, “vamos a tener que esperar a que la Corte notifique esto y que los jueces de distrito implementen la sentencia de cumplimiento que probablemente tardará dos o cuatro meses más para entender lo que van a hacer con la consulta”.
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