Apreciaciones

Por ley, el cambio en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información  Pública del Estado de Campeche (Cotaipec) se da en pleno periodo electoral. De hecho, aunque sea un nombramiento de ciudadanos, nunca dejará de verse como algo político, sobre todo en Campeche donde todo mundo anda en la espera de ingresar a la nómina oficial, por ser la mejor pagada.

Las interpretaciones jurídicas de los nombramientos no tienen mucho que ver con las apreciaciones políticas y esta decisión del Congreso, como era de esperarse, generó ya una enorme polémica, al menos en algunos medios.

Para algunos, el problema es que se hizo con secrecía y no hubo una convocatoria a la ciudadanía para postular a gente de diferentes ámbitos, para otros, que porque se violentó la ley a ser el presidente consejero electoral, para otros más que porque no tiene nada que hacer ahí Manuel Osorno Magaña por ser hermano de Jorge, ex presidente del PRI y acusado de actos de corrupción por el Cobach y por no poder justificar con sus ingresos su rancho, caballos y demás propiedades principescas en IMÍ.

Empero, hay que subrayarlo, Leidy Méndez Romellón y Sofía Can Madrazo representan a dos ciudadanas ejemplares que han dedicado su labor una a la odontología y la otra a la vida periodística, durante muchos años. El abogado Estrada es notario y abogado de toda la vida y de los otros, poco o nada tiene el columnista que decir porque no los conoce.

Lo publicado ayer en EL EXPRESO sigue al pie de la letra lo que dice la ley, pero, según otros abogados, es una visión muy cortante y tendría entonces que verse con desconfianza a quienes llevan el manejo electoral porque, con ese criterio, son empleados de gobierno y tendrían, con esa lógica que responder a los intereses del mismo.

No debe ni puede dejar de verse que los consejeros electorales son ciudadanos y que el IFE es precisamente un órgano ciudadano que recibe, por ley, fondos del gobierno, pero tiene patrimonio propio.

Dividida la opinión, para unos lo publicado ayer obedece a una apreciación muy válida del medio, pero que no considera que quienes trabajan en el IFE no reciben salario sino una dieta, según lo estipula el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales y sólo en el caso de sanciones se recurre al articulado de los servidores públicos para aplicarlas. Con ese criterio los diputados parecieran haber definido los nombramientos.

La otra objeción que otros ciudadanos le ponen es que debió promoverse desde la autoridad que se sometiera a escrutinio social el nombramiento, que se privilegiara que instituciones y asociaciones promovieran a los consejeros para darle la prioridad a la sociedad y generar un auténtico órgano ciudadano.

Lo cierto es que quienes dejaron la Cotaipec fueron, al menos Gonzalo Bojórquez Risueño, presidente del IEEC antes de tomar posesión como menos controvertible es que el IEEC posterior era, en esos días, lidereado por la hermana del cuñado del gobernador; la novia del presidente del comité municipal del PRI; el hijo de un ex secretario de Desarrollo Económico y varios personajes más de muy controvertibles relaciones.

Si el caso que hoy ocupa es polémico, no se olvide el lector que hubo un rector que no era titulado, que nunca fue universitario, que llegó luego de una violenta irrupción a la Máxima Casa de estudios y que nadie, en esos días, ni mucho menos después, ejerció acción legal contra él, lo que hubiera provocado la exhibición clara de la violación al estatuto universitario.

No se trata de justificar una cosa por otra, se trata de que hayan elementos de peso para valorar si en el Campeche de hoy privan las mismas condiciones políticas y sociales que permitieron semejante aberración en la universidad y que en otros casos haya tanta permisividad.

No recuerdo que nadie se haya amparado contra las resoluciones del rector porque si alguien lo hubiese hecho en esos días, muchos de quienes recibieron sus títulos firmados por Javier Ku hubieran sido invalidados por la corte. La violación era clara, documentada y documentable.

En esos días la única duda que hubo era si Javier era titulado o no y se obviaba la imposición del Ejecutivo en turno, que violó la autonomía de una institución.

En este caso, las apreciaciones no tienen importancia. Lo que sí la tiene es la legitimidad de un organismo que por definición debe estar libre de dudas. Veamos que sigue y esperemos que sea lo mejor para todos.