Legalidad

Vaya polémica la designación de la nueva estructura de la Cotaipec. El tema, cuya legalidad no está en duda, pasa de nuevo por el tema de las formas y es precisamente en ese punto donde se pervierte.

La ley con claridad faculta a los diputados y a sus fracciones parla­mentarias a definir a los consejeros de la transparencia y lo deja claro su artículo 52: Para la elección de los comisionados propietarios y suplentes, cada uno de los grupos parlamentarios conformados en el Congreso del Estado, propondrán a tres candidatos con la finalidad de que entre las propuestas recibidas sean escogidos los que ocuparán los cargos de propietarios y suplentes. Los expedientes de los candidatos serán tur­nados a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación… con la finalidad de que ésta los examine y emita el dictamen con proyecto de propuesta que presentará al Pleno para su aprobación, en su caso… El Comisionado Presidente será electo por el voto de la mayoría de los diputados presentes en la sesión, y será elegido de entre los tres comi­sionados propietarios ya electos”.

Es decir, no hubo violación jurídica ni ilegalidad.

Pero quizá lo más polémico sea la designación de la presidencia y la labor que ejercía el beneficiado hasta horas antes de su designación.

En lo estricto, Jorge Gasca no ha sido servidor público en atención a que su encargo como Consejero Electoral Distrital ante el IFE se trata de una encomienda que desempeña en su carácter de ciudadano y en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, que no genera rela­ción laboral que implique las consecuentes prestaciones (percepciones salariales, seguridad social, etc.), pues únicamente recibe una dieta de asistencia, y el hecho de que por ello se encuentre sujeto al régimen de responsabilidad administrativa, obedece solamente a la naturaleza tan delicada de dicho encargo ciudadano de carácter electoral.

Es decir, el desempeño de consejero electoral implica para los ciuda­danos el disfrutar de las facilidades necesarias en sus trabajos o empleos habituales, por lo que no se contrapone con el desempeño de alguna otra actividad profesional. Además, por lo que respecta a la incompatibilidad de los Comisionados para desempeñar otro empleo, cargo o comisión público o privado, dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, dicha disposición es valorada de confor­midad con lo dispuesto en el artí­culo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo al control difuso de la Constitución, a la interpretación conforme y al principio pro homi­ne que obliga todas las autoridades a la aplicación de las normas que más beneficien a los derechos hu­manos de las personas.

No hay ilegalidad, de nuevo queda claro. Desgraciadamente lo  que los ciudadanos ven es que los diputados no sabían a quién desig­narían, no les importó que les die­ran el nombre a última hora y menos que su labor política y legislativa quedara en entredicho.

En el caso de los priistas, podría decirse que es hasta normal que empujen las instrucciones del Eje­cutivo. Siempre se han visto como empleados, como entes supeditados a un superior, ellos lo ven así, políti­co, desestimando que tanto el Ejecu­tivo fue electo como ellos y ambos comparten poderes independientes.

Pero si de los priistas podíamos esperarlo, llama la atención que los de la mal llamada oposición no sólo fueron comparsa sino que compar­tieron las mieles de las designacio­nes y precisamente por ello vimos que una de las comisionadas es la esposa del polémico Mario Pacheco.

No podemos saber si Asunción Caballero ya es parte del equipo de Mario, o Mario ya no es parte del equipo de Ruelas o a qué obedeció esa preferencia. ¿Quizá a esa vieja re­lación con el jurídico del Ejecutivo?

Lo cierto es que una Comisión que debió nacer sin mácula, hoy si­gue siendo motivo de una polémica política a pesar de que se cumplió con la ley.

De nuevo, la política ensucia una institución que debió nacer como su propio nombre: transparente, prísti­na y nula de dudas.

Hoy, queda claro que no hay ile­galidad, que cualquier reclamo ju­rídico se topará con la razón legal y desestimará la realidad política, pero lo más delicado se deja en manos de los designados: ganarse la confianza, limpiar su designación y decirle a los campechanos con hechos que ellos sí trabajan para el pueblo, ese que, después de todo, es el que les paga y, a ratos, pareciera el más ignorado.

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