Latrocinio

Cuando los ciudadanos elegimos a una autoridad es para que tome decisiones y administre nuestros bienes. Ese es el caso del Ejecutivo ya sea alcalde, gobernador o Presidente de la República.

Sin embargo, la elección determina que cada uno de ellos, en cada una de sus responsabilidades, no sólo debe entregar cuentas al recibir el cargo, sino también al dejarlo y esa práctica no sólo tiene que ver con los ingresos, egresos, personal, deudas sino también con las obras en ejecución y las programadas.

Para nadie, por lamentable que sea, es un secreto que los responsables de obras públicas de todas las esferas de gobierno “vacunan” a los contratistas y constructores con un “diezmo” para cada obra asignada. Triste y penosa práctica que, por desgracia, se ha hecho común en la administración pública.

Lo más triste es que el “diezmo”, visto como el diez por ciento de la obra asignada, en Campeche no se ha aplicado con todo el rigor. Si nos remontamos a pasados gobiernos, las obras se entregaban de manera fingida y los únicos beneficiados eran los prestanombres y reyes de los bloques de facturas y las 24 empresas relacionadas con los familiares en el gobierno.

La renta de maquinaria y los egresos por esos conceptos enmascararon una manera muy hábil de negarle a los constructores accesos a los grandes contratos y entregarles sólo aquellos cuya edificación no interesaba.

En la presente administración esa práctica se desterró al menos durante los años que Augusto Trejo estuvo al frente de la secretaría de Obras Públicas, aunque en esos días se regresó al “diezmo” y a la selección de constructores, pero se abrió una ventana de trabajo que los miembros de la CMIC no tuvieron antes.

El mal ejemplo cundió y se han detallado aquí cómo Gilberto Pizarro entregaba los contratos y cómo llegó a cobrar las obras que otros hacían sin darles su parte a pesar de haberlas hecho.

El titular de Obras Públicas en Carmen llegó al extremo de decirle a la alcadesa que no se metiera y que él se encargaba de todo.

Las leyendas se han construido con el paso de los meses y los años. Nadie desconoce cómo los directores del Centro SCT local se hicieron de casas o cómo el delegado del Infonavit recibió una vivienda edificada ex profeso y entregada por el mayor constructor de vivienda de esos tiempos.

Los sobres al de supervisión de SCT llegan puntuales en un restaurante del malecón.

Hoy la leyenda empieza a menos de un mes de haber tomado posesión el nuevo presidente municipal de Champotón, José Luis Arjona Rosado, y la figura central de la corrupción delinea al subdirector de Obras Públicas, Paulino Pech.

Algunas versiones involucran al propio hermano del alcalde, Luis Augusto, pero la versión más sólida también implica al delegado interino de Sedesol en Campeche, Oscar Pacheco López, y al ex alcalde champotonero Xicontencatl González Hernández.

La historia señala que una docena de empresarios fueron citados para exponerles la necesidad de ejecución de una serie de obras que debían realizarse al estar ya programadas y les dijeron que el 10 por ciento ya no sería la comisión tradicional sino que esta vez se inflaría al 35 por ciento.

La razón, les dijeron, es que los presupuestos de las mismas ya venían inflados en un 40 por ciento y todos debían llevarse su porcentaje.

Pero no sólo debían de pagar comisión los que harían obras, sino que los que ya tenían obras asignadas por el edil anterior también tendrían que desembolsar otro 15 por ciento, independientemente de las quejas de algunos por haber ya entregado esa comisión al que les asignó la obra en el pasado gobierno municipal.

Las cuentas del gran capitán se sumaban a porcentajes antes de IVA, después de IVA y a remanentes totales de la obra. La exigencia, por supuesto, llevó a varios de los “invitados” al despeluque a protestar, a quejarse y a negarse a participar porque además las obras se realizarían entre dos o más empresas para que todos compartieran los beneficios del presupuesto.

Así se habló de porcentajes del 18, del 15 y del 10 por ciento que debían tomarse de los montos inflados de las obras. No faltó el constructor de casas y carreteras, beneficiado siempre por la SCT, que levantó la mano para decir que le metía en esas condiciones y que él veía cómo le hacía, lo que enfureció a los demás “beneficiarios”.

Lo cierto es que el nuevo ayuntamiento champotonero no sólo acaba de llegar sino que ya sacó el cobre y deja muy claro cuál será su proceder en tres años más de saqueo. Cundió el mal ejemplo.