Declaración de bienes o mero protocolo

Cuando el Presidente Enrique Peña Nieto acudió a rendir su declaración patrimonial junto con su equipo de gobierno, su acción dejó más dudas que certidumbre en cuanto a sus bienes. El Mandatario declaró que tiene una remuneración mensual de 193 mil 478 pesos, además de que posee cuatro casas –dos compradas y dos que le donaron- cuatro terrenos –todos donados- y un departamento que heredó. Nunca mencionó poseer un auto ni precisó el monto de sus cuentas bancarias, joyas ni de cuánto asciende su cuenta bancaria. Finalmente está en su derecho. Según la ley Federal de Responsabilidades Administrativas, los funcionarios públicos tienen la obligación de presentar su declaración patrimonial, pero es opcional si la hacen pública o no. Inevitablemente, la acción del presidente dio pie a sospechas o a reclamos en las redes sociales e incluso en algunas columnas políticas y partidos de oposición.

Un servidor público tiene poco margen de maniobra cuando se trata de declarar –o mostrar su patrimonio- pues su fuente de ingresos será finalmente el dinero de los contribuyentes. Nuestra cultura lleva a cuestionar siempre cualquier crecimiento de la riqueza de un funcionario –principalmente si es de alto nivel. El Ejecutivo federal fue tímido en su declaración patrimonial; debió haberlo hecho de manera integral, sin dejar un espacio a la duda. Sin embargo, tampoco podemos soslayar que dio un paso que no siempre siguen todos aquellos que predican con su administración… y partido. Qué bueno sería que todos nuestros funcionarios públicos campechanos –de todos los niveles- hagan pública su declaración patrimonial. Muchas dudas y sospechas se habrían borrado ya desde hace mucho tiempo.

TUMBABURROS