Que el exalcalde prófugo, Eliseo ‘N’ tenga que pagar las supuestas deudas que le exigen sus acreedores, es una cosa, pero afectar el interés social y el orden público a costa de un particular, sobre todo cuando no existe una orden para ejecutar un bien embargado judicialmente, es otra, consideró el juez federal al conceder una suspensión provisional al Ayuntamiento de Campeche y ordenar el retiro de los sellos de clausura puestos hace casi un mes y protegidos por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), que impidieron la prestación de un servicio a miles de campechanos.

Ayer, la presidenta del DIF Municipal, la presidenta municipal y el director jurídico de la Comuna por fin pudieron recuperar la posesión del inmueble que ocupa la Farmacia Municipal a Bajo Costo, en el Centro Histórico de la ciudad, que el organismo municipal tiene en comodato hasta el 2024, pero un particular, sin orden judicial, le impuso sellos de embargo por el pleito que tiene con el exalcalde, y que aún está en los tribunales.

Hay que recordar que, pese a las anomalías en el supuesto “embargo”, hecho a título personal, días después decenas de elementos policiacos y agentes ministeriales, subordinados a la SPSC y a la FGE, respectivamente, custodiaron con vallas metálicas el Centro de Salud Municipal a Bajo Costo del Ayuntamiento, también sin orden judicial.

Aunque provisional mientras analiza el caso a fondo, el juez federal otorgó el amparo ante la evidente afectación a la ciudadanía, que era lo que las autoridades del Gobierno del Estado deberían haber hecho: Dejar que el pleito entre particulares se quedara ahí, entre particulares.

Hoy, la FGE y la SPSC son exhibidos por intervenir en ese pleito movidos por motivaciones políticas, muy lejos de un correcto proceder de una autoridad a la altura de los ciudadanos.

Redacción.