La semana pasada, Castro y Castro, denunció que el gobierno de Morelos lo persigue, por lo que convocó a una reunión por la situación grave, dijo, de corrupción, criminalidad, violencia, inseguridad, desempleo, compra de poderes, trata de blancas, secuestros, descuartizados.
El sacerdote sostuvo que es preocupante la situación de la entidad por lo cual se vieron en la necesidad sin meterse en la política, de iluminar a aquellos que tienen fe.
“La verdadera política que es el trabajo por el bien común de la comunidad. Pero aquí la política de trabajo por intereses personales, de los políticos en su mayoría, eso ya no puede ser, nos estamos ahogando”.
Al respecto, Quiroz dijo que “platicar de política no es ningún delito para ningún ciudadano, pero para alguien que se dedica a la fe pastoral”.
Dijo que son un gobierno de izquierda, con una visión progresista y una alta tolerancia a la participación social, sin embargo, hay antecedentes que han generado un activismo muy importante de la Iglesia en el estado de Morelos, uno de ellos fue el dar paso a los matrimonios igualitarios.
La Secretaría de Gobernación, delegación Morelos, consideró que las últimas manifestaciones del obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, sí tienen un sesgo político, por lo que son evaluadas para saber el nivel de transgresión al artículo 130 constitucional, refirió el delegado de la dependencia federal Gerardo Cubría Bernardi.
“Esa fotografía con diferentes sectores sociales del estado da muchos entendimientos y reflexiones sobre la misma”, dijo; por otra parte, agregó, sus manifestaciones efectivamente tienen un sesgo político y son de los temas que son evaluados en el área de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, “que no será omisa”.
Cubría se refirió a la reunión de hace ocho días que sostuvo Castro con diversos políticos; el rector de la UAEM, Alejandro Vera, y representantes de organizaciones civiles, así como aspirantes al gobierno del estado. Durante este encuentro se diseñó una estrategia contra la “impunidad” en la entidad que encabeza Graco Ramírez.
El objetivo de ese encuentro fue confirmado horas después por el senador de Morena Rabindranath Salazar, asistente a la reunión: “Es un frente antigobierno, contra las decisiones que ha tomado Graco Ramírez y su hijastro Rodrigo Gayosso. Es un mensaje político para el gobernador y su hijastro en el sentido de que no vamos a permitir abusos sobre los personajes de la política, pero sobre todo en contra de las instituciones en el estado”.
También el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, respondió a la convocatoria y dijo que en la mesa acusó al gobernador de tomar represalias contra aquellos que se “oponen a su proyecto”. Detalló que cada uno de los asistentes expuso su malestar porque han sido agredidos injustamente por el mandatario morelense.
Con ese antecedente, el delegado de la Segob aseguró que las actuaciones del obispo Ramón Castro Castro contravienen el artículo 130, cuyo precepto señala que los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa oponerse a las leyes del país o sus instituciones.
Entrevistado en el Palacio de Gobierno, Cubría Bernardi aseguró que la Secretaría de Gobernación analiza las transgresiones constitucionales cometidas por el obispo de Cuernavaca, tras la reunión a la que convocó.
Ahora, dijo, vigilarán que se respeten el marco jurídico y los lineamientos de separación de la Iglesia y el Estado.
A la convocatoria del obispo asistieron los diputados federales Javier Bolaños, del PAN, y Matías Nazario, del PRI, así como los líderes sociales Gerardo Becerra y Dagoberto Rivera; además del vicario Luis Millán, el secretario técnico del ayuntamiento de Cuernavaca, José Manuel Sanz, y Miguel Lucia Espejo, líder estatal de Morena.
Con excepción del vicario de la Diócesis de Cuernavaca, Luis Millán, que acompañó al obispo, todos los asistentes mantienen diferencias políticas con el gobernador Graco Ramírez.
El obispo, por su parte, ha dicho que el gobierno estatal pide moches de entre 30% y 40% a constructoras, aunque no ha aportado pruebas.
Sobre una posible queja ante las autoridades eclesiásticas, el Obispo dijo no tener miedo de ir a la cárcel “porque hablo con la verdad”.
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