La corrupción y omisiones deben ser castigadas

El fallo de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) que anuló la sanción que le impuso la Contraloría Municipal al exalcalde Carlos Ernesto Rosado Ruelas, pese a las irregularidades probadas de su administración, no es un asunto menor.

Si el político panista cometió omisiones o dio pie a la corrupción, debe y tiene que ser sancionado. El problema aquí no es el fallo de los juzgadores, sino las dificultades jurídicas, la poca claridad o el amplio margen de interpretación que tienen las leyes en la materia.

Las contralorías tienen, en teoría, la finalidad de vigilar el uso de los recursos públicos, las obras, los programas y las acciones de los distintos gobiernos.

Por eso son preocupantes los márgenes de la ley. En Campeche no sólo son las contralorías municipales las que están limitadas, también lo están otros organismos, como la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (Cotaipec), cuya acción para obligar a los entes públicos a entregar información a ciudadanos, o para sancionar a los funcionarios que se opongan, está seriamente restringida.

La falta de ‘dientes’ de este tipo de organismos, cuya función es combatir la opacidad y la corrupción, es un tema que se tiene que tratar desde el Congreso del Estado.

Ya lo dijo bien la contralora municipal, Paula Flores, el problema no es el caso Ruelas, el problema es la indefensión en que se encuentra los ciudadanos ante casos probados de corrupción, de omisiones, de irregularidades y de faltas administrativas cometidas por funcionarios irresponsables.

El problema es que mientras las cosas sigan así, no habrá mala actuación gubernamental que pueda ser sancionada, no habrá mal funcionario que pueda ser castigado y no habrá sociedad civil que pueda tener acceso a la justicia.

En todo caso, si hay pruebas, si existen argumentos sólidos como se dice, si las evidencias “están ahí”, entonces las cosas no se pueden quedar donde actualmente, se tienen que buscar las instancias correspondientes y si las contralorías no tienen facultades por tratarse de un servidor público emanado de una elección popular, entonces ahí está el Congreso del Estado, ahí están los diputados, que sí pueden tomar resoluciones al respecto.

Decir que hay las pruebas de corrupción u omisiones, pero quedarse a medias en el proceso, también sería una grave omisión y una falta de compromiso de las actuales autoridades.