Agencia el Universal
MÉXICO, D.F., octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República, encargadas del dictamen para la reforma constitucional que busca fortalecer al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), detectó que en ocho entidades del país los órganos fiscalizadores no cuentan con autonomía constitucional.
En el estudio que realizaron las comisiones para avanzar en la reforma que dará autonomía al IFAI, y que incluye el análisis de la iniciativa presentada por el PRI a nombre del presidente electo, Enrique Peña Nieto, destacan como entidades rezagadas en esta materia: Aguascalientes, Tamaulipas, Guerrero, Hidalgo, Guanajuato, Distrito Federal, Tamaulipas y Chiapas.
Además, a nivel nacional únicamente en Chiapas los partidos políticos no son sujetos a revisión, a ninguna forma de revisión, ni siquiera de manera indirecta o a través del instituto local electoral.
De acuerdo con el estudio Métrica de Transparencia, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Baja California Sur tiene el órgano garante y la normatividad peor calificados.
El senador del PRI, Ricardo Barroso Agromont, por Baja California Sur, reconoció que en su entidad “la transparencia es letra muerta, por eso hemos impulsado este tipo de reformas para que la transparencia no sea nada más de discurso. No nos sirven institutos de membrete que nada más sirven como agencia de colocación para uno u otro funcionario, los institutos de transparencia deben de ser para dar certidumbre a la ciudadanía en la aplicación de sus recursos”.
Sin embargo, Ana Elena Fierro, especialista en transparencia del CIDE, advirtió que no basta con poner la palabra autónomo en la Carta Magna y constituciones locales, para que un órgano garante realmente sea autónomo.
La autonomía, agregó, tiene que ver fundamentalmente con dos variables: mecanismo de designación de los comisionados del órgano garante con base en trayectorias y perfil, y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no intervenga en el presupuesto que solicite el instituto, justo los temas que tienen trabada la negociación en el Senado para concluir el dictamen en materia.
Como ejemplo puso al DF, a diferencia del estudio analizado por las comisiones unidas, que sí cuenta con comisionados independientes.
El “Cuadro comparativo de la legislación local en materia de transparencia”, clave en la discusión de la reforma constitucional para el IFAI, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, explica que el análisis se hizo con base en las constituciones locales y leyes aplicables en la materia a ese nivel.
“Habría que entender por qué los senadores establecen que sólo ocho estados no son autónomos, puede ser que simplemente sea porque en la Constitución local no está la palabra, pero para que un órgano de verdad se a autónomo tienen que pasar tres cosas: que los nombramientos de los titulares no dependan de una sola persona, no sean empleados de, ni del Ejecutivo”, explicó Fierro
En Aguascalientes, los comisionados son elegidos por mayoría calificada en el Congreso, previa convocatoria, y sin intervención del Ejecutivo federal; en Baja California Sur, cada fracción parlamentaria propone hasta 2 candidatos, y se somete al pleno, decide una mayoría simple.
En Chiapas, el gobernador presenta una terna al Congreso, que puede objetar en los siguientes 15 días o de lo contario se considera aprobada, al igual que en Guanajuato. En Guerrero no interviene el gobernador y se hace una convocatoria pública, que finalmente decide el Congreso.
“En muchos casos es el gobernador quien los designa, y hay muchos estados en donde se decide a partir de una terna que manda el gobernador al Congreso, y éste elige, nada más que el Congreso en muchos estados es controlado por el mismo partido del que es el gobernador o el gobernador mismo, así que ¿qué autonomía?”, agregó la investigadora.
De acuerdo con la última Métrica de la Transparencia, elaborada por el CIDE y por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal ocupa el primer lugar en la tabla entidades en cuanto a su portal de información, capacidades institucionales y normatividad.
Pero no sucede lo mismo con los otros órganos garantes que, según el cuadro comparativo de las comisiones unidas, no tienen autonomía constitucional. Por sus vacíos en la normatividad local, Baja California Sur está en el lugar 32 a nivel nacional; Guanajuato, 31; Guerrero, en el 28; Aguascalientes, 27; Chiapas, 21; Hidalgo 11, y Tamaulipas, ocho.
El mapa del CIDE establece que por capacidades institucionales, Tamaulipas se ubica en el lugar 31; Baja California Sur, 29; Hidalgo, 21; Guerrero, 18, Guanajuato, 10; Aguascalientes, nueve, y Chiapas, ocho.
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