¿LA LIBRARÁ SARMIENTO?

Fue una de las comparecencias más esperadas. Razones habían. El secretario de Gobierno, Roberto Sarmiento, llegó acompañado del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jackson Villacís, y del titular de la PGJ, Arturo Ambrosio Herrera. Sarmiento había regresado el 31 de octubre pasado a la oficina de Gobierno tras una licencia de cinco meses para coordinar al PRI en las elecciones del 2012. Jackson Villacís, por motivos de salud, estuvo incapacitado un par de meses que lo alejaron de estar al frente de la dependencia de manera directa, y Ambrosio Herrera fue nombrado apenas el 14 de junio pasado titular de la PGJ.

Allí sentados juntos y ante los diputados, estaban los tres funcionarios con más poder real en el estado y los encargados de la seguridad, la impartición de justicia y la política interna del estado. Los tres habían recibido un espaldarazo del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien días atrás habían reconocido a Campeche como uno de los estados más seguros del país. Pero Sarmiento, Jackson y Ambrosio saben que sin una acertada estrategia de seguridad esto puede cambiar en los próximos años. Campeche ha resistido en este sexenio la amenaza de la delincuencia organizada que azota el país, también el estado ha tenido que replantear las estrategias con la llegada del nuevo gobierno federal. Según los datos oficiales, desde el 2010, Campeche es el estado con menos delitos del país. Acostumbrados a esto, aún falta elevar la cultura cívica para hacer el uso adecuado de las líneas telefónicas de emergencia y para realizar denunciar anónimas.

En una visita al C-3 y el C-4 son visibles las medidas de seguridad que imperan en el lugar, desde codificadores para abrir puertas de metal con huellas dactilares, hasta puertas que solo se abren desde adentro. Computadoras con mapeos de la ciudad y el estado, cabinas de audio para grabar las voces de cada elemento de la Policía Preventiva para tener sus registros de voz que pueden ser identificadas, una sala que conecta a través de computadoras los datos del estado con Plataforma México, un centro para la captura y conservación de los expedientes que procesa la PGJ y un protocolo de seguridad que no solo parece inviolable sino que también da certeza.

Roberto Sarmiento sabe el juego, ha sabido estirar y aflojar las cuerdas que le han permitido en política interna hacer su trabajo, controlarlo y negociar a la instancia que sea, y con quién sea lo que en su consideración es necesario para mantener la seguridad y la gobernabilidad en el estado. “Él tiene su propia plataforma, ha creado una red que era inédita”, dice uno de sus colaboradores que asegura que en sus oficinas tiene por cada municipio, comunidad, ejido y poblado habitado un expediente con teléfonos, fotografía y dirección de las personas a las que necesitaría acudir en caso de que se presente un problema. “Tiene control de todo”, dice su colaborador.

Nadie lo duda, Sarmiento tiene el control, y lo tiene a tal grado que atenta contra sí mismo. En más de una ocasión en la percepción ciudadana reina el criterio de que algunos hechos ocurren “hasta que Sarmiento quiere”. Tienen razón, en parte, pero esta percepción no lo ayuda en mucho. Nadie quiere una ciudad bloqueada, sitiada por manifestantes o por artesanos, pero la Secretaría de Gobierno también tiene que respetar el derecho de manifestarse de los ciudadanos, y también tiene que respetar las instancias. Las autoridades en los municipios también tienen que hacer su parte. Hay protocolos a seguir pero también hay recelos, hay contracorrientes por debajo del poder que en ocasiones intentan, con relativo éxito, mover sus propias aguas, hay formas de ejercer el poder y algunos, en todo su derecho y obligación, intentan solucionarlo a su estilo, y hasta donde la competencia del poder que se le otorga como autoridades municipales les alcanza.

Si Sarmiento es de los pocos que le hablan al oído al gobernador, Fernando Ortega, este también tiene detrás a un operador incondicional. ¿Quién es el hombre detrás de Roberto Sarmiento? Su nombre es Héctor Darío Ku Pech. No hay nada que no pase por sus manos, no hay nadie, secretario, subsecretario, delegado, alcalde que no le conteste el teléfono. Héctor Darío es su mano derecha, discreto, sin apariciones públicas notorias y sin buscar reflectores ni reconocimiento, Darío no solo es  incondicional, es “insustituible” dicen desde el cuarto piso del Palacio de Gobierno. Darío es su sombra.

Jackson está obligado a seguir respondiendo a la confianza que le depositó Ortega Bernés tras sustituir al general, Héctor Sánchez Gutiérrez, el 18 de abril del 2010. “General usted no entiende lo que le digo, usted está pasando por alto las indicaciones que le estoy haciendo como gobernador del estado”, fue una de las últimas veces que Ortega Bernés se dirigió a él ante una junta del gabinete a solo ocho meses de iniciado el sexenio.

Ambrosio tiene y puede asumir la responsabilidad de lograr que se terminen de implementar los juicios orales en el estado, no es sencillo, pero es impostergable por el bien de la impartición de justicia.

Encaminados a la mitad del sexenio federal y al final de la administración estatal, en los próximos años Sarmiento tiene la obligación de impedir que en la transición se origine un vacío de poder que nos haga retroceder en materia de seguridad o gobernabilidad y la tarea que tiene no es menor. Es difícil concentrar tanto poder y no salir raspado, ¿La librará Sarmiento?