Desconfianza sembrada desde el árbitro electoral

Ninguna reforma, por más profunda que sea, podrá generar la certidumbre, confianza y tranquilidad que todo proceso democrático necesita, si quien está encargado de aplicarla carece de la voluntad política para ello.

El Organismo Público Local Electoral de Campeche (Oplecam), o Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), como usted quiera llamarlo, y quienes lo conforman, tiene la encomienda, la obligación y la responsabilidad de generar esa certeza por medio de la transparencia, la rendición de cuentas y, sobre todo, el acceso a la información.

El tema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no es, por razones tanto prácticas como históricas, un tema menor. La experiencia y el pasado nos hablan de procesos electorales, nacionales y locales, que han quedado manchados por la sombra de la duda y de la desconfianza, lo que definitivamente no le conviene a nadie, sobre todo a quienes resulten ganadores de la jornada comicial.

Apenas en el 2012, la empresa poblana Marketing e Investigación, a la que se le pagaron seis millones de pesos, cometió errores y presentó una serie de fallas que impidieron a los ciudadanos dar seguimiento en tiempo real a la evolución de los conteos rápidos. La aplicación de sanciones o la anulación de la segunda parte del pago a esa empresa no cambió nada. La sospecha, y la intriga lanzada desde los grupos perdedores, como es natural, aún subsiste.

¿Por qué generar desconfianza desde dos meses antes de los comicios?, ¿A quién le conviene que existan descalificaciones al árbitro desde los tiempos de campañas?, ¿Por qué poner la mordaza a la institución encargada de garantizar la certidumbre de los ciudadanos, la certeza de los resultados, la limpieza del proceso electoral?

La sistemática actitud de la presidenta del IEEC, Mayra Bojórquez González, y de los consejeros electorales, todos ellos recién electos tras la aprobación de la Reforma Político-Electoral, deja mucho que desear y llena de desazón a los ciudadanos en estos tiempos políticamente violentos.

El ‘pecado’ es doble si consideramos que, además del legítimo derecho que tienen los ciudadanos a estar enterados de qué empresa, por qué y bajo qué condiciones realizará  el PREP el 7 de junio, los recursos con los que se le pagarán, que ascenderían a nueve millones de pesos, son públicos.

El IEEC está siendo manejado como si se tratara de una secretaría de gobierno, en el sentido de estar en ‘veda electoral’. Si un organismo tiene no sólo el derecho sino la obligación y la responsabilidad de dar información a los campechanos en estos tiempos, ese es el IEEC. La omisión de los consejeros electorales es desastrosa, sospechosa y es certera contra la democracia.