Seguridad ciudadana

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) preparó un documento a solicitud del go­bierno de Colombia, que plantea muy bien qué debe entenderse por seguridad ciudadana pública y cómo de ella dependen la garantía de otros derechos.

Es un texto técnico, Seguridad Ciudadana y Crimi­nalidad Transnacional Organizada, que en México de­bería conocer el gobierno, los partidos, los candidatos, la academia y todas las organizaciones de la sociedad civil.

En él se plantea que la seguridad ciudadana debe comprenderse como un bien público que se refiere a “un orden ciudadano democrático que elimina las amenazas de la violencia en la población y permite la convivencia segura y pacífica”.

De que se haga realidad depende la garantía de la seguridad humana. La seguridad ciudadana “tiene un papel central en la vigencia y tutela de ciertos dere­chos, por lo que se puede afirmar que no puede haber seguridad ciudadana sin que el efectivo disfrute de aquellos derechos humanos inherentes al concepto de seguridad humana”.

Los derechos propios de la seguridad humana son el espectro amplio de lo que se conoce como derechos humanos, de diversa generación, como el “derecho a la vida, a la integridad personal y otros derechos in­herentes al ámbito más personal (inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, disfrute del patrimo­nio…)”

En el ámbito de la explicación de lo que es la se­guridad humana, el documento plantea que “la fal­ta de empleo, la pobreza, la inequidad o la carencia de libertades (…) no constituyen violencia o in­seguridad por sí mismos, aunque sí condiciones propicias y amenazas directas a la seguridad y a la convivencia ciudadana en cualquier sociedad.” “La seguridad ciudadana -afirma el texto- no debe ser vista exclusivamente como una reducción de los ín­dices de delincuencia, sino como el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral.”

El PNUD asegura que una estrategia así “debe in­cluir la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito, una justicia accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en valores, en respeto de la ley y la tolerancia.”

Este enfoque tiene una serie de implicaciones sus­tanciales. Al tener su centro en la noción de amenaza y, de manera implícita, en las de vulnerabilidad y des­protección, la definición se aparta de las concepciones que definen la seguridad ciudadana puramente en fun­ción de la criminalidad y el delito.

El contar con una buena concepción de los proble­mas acerca, aunque no asegure del todo, a las buenas decisiones de política pública. Si el actual gobierno hubiera visto más allá de solo la salida punitiva a los problemas de seguridad que él mismo creó, es proba­ble que no hubieran muerto 60,000 mexicanos.