Jorge Luis Lavalle Azar
Columna Invitada
Jorge Luis Lavalle Azar
Ha sido director general del Nacional Monte de Piedad; de Auditoría Gubernamental de Secogef; y de Programación, Organización y Presupuesto de la SHCP; delegado regional del Infonavit, presidente del Congreso del Estado de Campeche, coordinador general de Asesores; secretario de Desarrollo Social y de Desarrollo Económico, así como consejero en bancos diversos
@jorgellavalle

Entre las dudas y las deudas

Voces, Lunes 31 marzo, 2014 a las 10:50 am

Especialistas en la materia hablan de la necesidad de poner un freno a la Deuda Pública de nuestro país que está creciendo a un ritmo de 950 millones de pesos diarios, según cifras de la SHCP… el ritmo a que se incrementa la deuda es de preocupación y obliga al análisis.

La deuda en los Estados ya rebasa los 425 mil millones de pesos y el Congreso de la Unión acusa que la mayor parte se ha utilizado en gasto corriente. Está comprobado que el endeudamiento, en la mayoría de los casos, es resultado de la administración ineficiente de los recursos.

LA DEUDA PUBLICA son “Las obligaciones directas y contingentes y derivadas de empréstitos o créditos a cargo del Estado o de sus municipios” señala la Ley de Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, expedida el 19 de septiembre del año 2006. Esto significa que debe incluir no solamente los préstamos bancarios sino también las deudas a proveedores, contratistas, impuestos e incluso los pasivos laborales. Sin embargo, cuando se informa sobre “Deuda Pública” sólo se menciona la bancaria.

Se crea el REGISTRO ÚNICO ESTATAL DE DEUDA PÚBLICA (Art 28) y en él se deben registrar todas las obligaciones, empréstitos y créditos directos y contingentes que contraigan los entes públicos. (¿Donde se consulta?).

El actual sistema fiscalizador, sin estructuras locales independientes, incentiva el comportamiento irresponsable de uso de dinero público en Estados y Municipios.

Cuando se ha malversado el recurso público y se mantiene la impunidad, como sucede en los casos de Coahuila, Chiapas, Tabasco y Chihuahua, entre otros, se manda un mensaje de desaliento a la población y genera desconfianza natural a cualquier petición de préstamos o endeudamiento de cualquier Gobierno.

Los Ingresos disponibles de cada entidad no representan su CAPACIDAD DE PAGO, ya que hay recursos comprometidos e irreductibles (nóminas, rentas, luz, teléfonos, papelería, etc.) que deben considerase antes de autorizar el monto de una deuda.

La citada Ley, en su artículo tercero, especifica ”la Deuda Pública no debe ser utilizada para financiar gasto corriente”.

Si bien Campeche está considerado entre los estados con menor deuda bancaria, lo importante es que el dinero se utilice en forma adecuada y se refleje en mejor nivel de vida de los ciudadanos. La Deuda Pública, según la SHCP, en Campeche creció 2 mil 420% del 2009 al 2011, y crecerá 527 millones más en el 2014, recurso que no se vio reflejado en Obra Pública Estatal en los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

El dinero que maneja el gobierno, que es la fuente principal de recursos del Estado y Municipios, no es “dinero del gobierno”, es dinero de los contribuyentes, por lo tanto su escrupuloso manejo debe ser transparente y accesible a todos los ciudadanos.

La solución está a la mano, es generar confianza y certidumbre  a través de:

1.-Diseñar mecanismos de Transparencia y Rendición de Cuentas que permitan la participación de los ciudadanos e informar en detalle la inversión realizada, con recurso local, en toda la geografía del Estado.

 2.-Como norma debe haber un porcentaje mínimo de inversión en Obra Pública e infraestructura  establecido en el Presupuesto, en la mayoría de los países desarrollados o con elevado crecimiento económico es superior al 30% del presupuesto total.

3.-El endeudamiento o financiamiento a través de proveedores y el ocultamiento de facturas de proveedores o por obra pública  debe ser penalizado para evitar engaños al Congreso y a la población al presentar las Cuentas Públicas.

4.-En Deuda Pública no puede aludirse el secreto bancario y negarle información al Congreso, debe quedar establecido en las disposiciones legales. Una opción para evitar complicidad de los bancos sería dejar asentado en la Ley “cuando un crédito no haya sido aprobado por el Congreso local o la instancia que señala la ley, se declarará nulo con la correspondiente pérdida para el banco”.

5.- Castigar el comportamiento ilegal de funcionarios que desvían recursos públicos para fines electorales es una necesidad, para no seguir promoviendo el desfalco de las arcas públicas.

Adicional es indispensable se aplique la ley de responsabilidades y (empezar a) combatir la impunidad que tanto afecta al país al generar desconfianza y falta de credibilidad de las ciudadanos hacia los servidores públicos en general.

Cualquier DEUDA que se contrate a mediano o largo plazos irá minando la capacidad de inversión de los siguientes años y afectará a las próximas generaciones, quienes merecen recibir un Estado o un Municipio mejor; lo mismo esperan los ciudadanos  de hoy y debo destacar que la mayor responsabilidad en un endeudamiento está en el Congreso del Estado quien debe fungir como guardián del progreso, la transparencia y la legalidad.

  • geranio

    PERFECTAMENTE EXPRESADO EL TEMA DE LA DEUDA PUBLICA. LO FELICITO Y OJALA LOS CIUDADANOS PUDIERAMOS OBLIGAR PENALMENTE A LOS FUNCIONARIOS CORRUPTOS A DEVOLVER LOS DESVIOS Y ENCERRARLOS COMO CASTIGO.