Democracia fast-track

Democracia de la vía rápida, o ‘fast-track’, tal vez sea un término que deba ser incluido en el lenguaje politológico para analizar nuestro país.

Ante lo que la prensa denominó ‘fecha fatal’ dado que el Constituyente tenía hasta el 31 de mayo para aprobar las leyes secundarias y los congresos de los estados y el Instituto Nacional Electoral para armonizarlas, los temores se disiparon cuando la mesa de negociación del Senado en el tema de la reforma político electoral acordó un proyecto de dictamen, que fue votado por comisiones unidas.

Eficiencia o deficiencia, la cuestión es que este miércoles el pleno del Senado aprobó las leyes reglamentarias de la reforma político electoral. Por su parte, como los diputados anunciaron que harán lo propio sin modificar el contenido, teóricamente ya tenemos nueva legislación electoral.

¿Qué puntos resaltan?  Las causales de nulidad (cuando se entreguen apoyos que no sean textiles; cuando existan irregularidades comprobadas y dolosas en elecciones con diferencias de 5% o menos; cuando tratándose de programación y de espacios informativos, sea evidente, que se trata de actividad publicitaria para influir preferencias electorales); la forma en que operarán los medios de comunicación limitados al espacio geográfico de la elección; la homogeneización de encuestas donde las empresas que las realizan deberán de presentar un informe sobre su realización; los delitos electorales (hasta 15 años de prisión para quien haga o reciba aportaciones en efectivo o en especie a precanditados, candidatos o partidos políticos con recursos de origen ilícito; nueve años de cárcel a los mismos sujetos que hagan proselitismo con bienes públicos; de dos a nueve años a los servidores que obliguen a sus empleados a votar por algún partido; de 100 a 500 días a los ministros de culto que aprovechen espacios religiosos para promover candidatos o partidos); la equidad de género con cuotas del 50% para hombres y para mujeres; el voto electrónico para mexicanos en el extranjero; las funciones de la sala regional especializada que atenderá temas como guerra sucia y financiamiento ilegal; candidaturas independientes avaladas por un número determinado de firmas; el prorrateo de los gastos de campaña (15% para el candidato a presidente de la República; 35% al candidato a senador; 25% al diputado federal y 25% a la campaña local respectiva); y atracción de elecciones locales cuando existan factores sociales que afecten la paz pública o pongan en grave riesgo a la sociedad.

¿Qué puntos flaquean? La deliberación razonada y el diálogo entre sociedad y partidos.  ¿Qué porcentaje de los ciudadanos comprende qué hay detrás de las reformas? Lo midieron varias empresas como Parametria. Por ejemplo, el 51% de los mexicanos no se enteraron de la desaparición del IFE y la creación del INE, y no hablamos de leyes secundarias todavía. El nivel de desconocimiento es muy alto. Lo que preocupa es que si la democracia es un sistema representativo, la democracia ‘fast-track’ sin procesos de discusión profundos que informen al ciudadano y viceversa, parece desvincular a la sociedad civil de la política. En otras palabras, la deja al nivel de élites.

Se han aprobado reformas en tiempos récord, y algunas leyes secundarias igual, pero temas tan profundos requieren de mayor tiempo de reflexión. Es cierto que el tratamiento de los temas y ejes que incluyen las reformas eran impostergables. Sin embargo, la forma que están adquiriendo generan la duda de cómo se implementarán. Da la impresión de que los pactantes de las reformas regatearon espacios de poder. Las reformas a la Constitución tienen implicancias significativas para la democracia mexicana, por lo que la ley superior no puede estar sujeta a la voluntad de cúpulas que intercambiaron una reforma por otra, así como hoy se cambian las figuritas del álbum del Mundial 2014:  5 por Messi, 10 por Ronaldo, cada estampa tiene un valor de canje.

La legitimidad de la ley está en su origen. La legalidad en el proceso que la gestó. Por eso, hay que observar de cerca a la democracia que elige canales tan rápidos como las autopistas estadounidenses. El problema está cuando hay que pagar la caseta. La pregunta es: ¿quién paga la cuota del peaje?  Quizá a esta altura ya es una cuestión retórica.