“Si no hay buena fe, es difícil llegar a acuerdos. Muchas comunidades están perdiendo la confianza”, externó Gabriela Torres Mazuera, profesora investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), quien forma parte de la Misión de Observación de la Consulta sobre Soya Transgénica a las Comunidades Mayas.

En conferencia de prensa, Torres Mazuera señaló que existe desconfianza en las comunidades ya que no se ha acatado la sentencia del 4 de noviembre del 2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual emitió el falló a favor de comunidades mayas de Yucatán y Campeche al suspender el permiso otorgado por la Sagarpa a la empresa Monsanto para la siembra comercial de 253 mil 500 hectáreas de soya genéticamente modificada en siete entidades del país, incluyendo a las tres que integran la Península de Yucatán, pues se sigue sembrando soya transgénica.

“Del informe de Senásica, de 55 muestras colectadas en el 2016, en 16 está confirmada la presencia de soya genéticamente modificada. Son predios ubicados en 305 hectáreas del municipio de Hopelchén y no hay sanciones para quienes están sembrando soya transgénica”, enfatizó.

Además, comentó que hay preocupación de que las autoridades garantes encargadas de la consulta (como las de Cibiogem) no logran generar acuerdos efectivos en dependencias como el Senasica, lo cual pone en riesgo la buena fe de la consulta.

De tal modo, la Misión de Observación recomendó que las autoridades cumplan cabalmente con la sentencia de la SCJN, que garanticen la no siembra de soya genéticamente modificada y que informen de manera completa y clara a las comunidades sobre este tema.

Así mismo, exhortaron a las autoridades que estén abiertas al diálogo y a la negociación para lograr un plan de trabajo consensuando en la próxima sesión a realizarse este sábado y domingo en Hopelchén y Tenabo.

Gilberto Ávila
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