Vladimir de la Torre
Golpe de Timón
Vladimir de la Torre Morín
Lic. en Filosofía y Letras y Master en Comunicación Social por la Universidad de la Habana, Periodista de la Agencia Prensa Latina. Colaborador de diarios de Nicaragua, El Salvador, Chile y Argentina. Investigador para UNICEF en España, Jamaica, Inglaterra, Emiratos Arabes Unidos, Italia, y Qatar. Productor y conductor Televisión.
@‏delatorremorin

Los incongruentes

Voces, Miércoles 24 octubre, 2012 a las 9:36 am

EL PROYECTO. La carretera federal 180, donde se ubica el corredor turístico, Champotón Sabancuy regresa al centro de atención. Los escasos 500 metros de costa que ocupa el campamento tortuguero “Punta Xen” motivan la discordia entre los impulsores del proyecto residencial, “Santillana del Mar”, y los voluntarios del “Grupo Ecologista Quelonios, A.C.”. El proyecto residencial inicialmente contemplaba cuatro partes en las que se construirán 162 residencias para clientes canadienses, norteamericanos y europeos en un área costera de 27 mil metros cuadrados.

Tras un pleito judicial en 2005 trascendió que los propietarios de esos terrenos son la sra. Emelia Maldonado Santillana y Stephen Bruce Barker, de origen norteamericano. Los terrenos fueron adquiridos a Bancomer en 1979.

Para este proyecto se propusieron dos prototipos de vivienda, distribuidas en residencias individuales de dos pisos, que simularan básicamente un estilo mediterráneo. En la primera etapa, ya concluida, se hicieron levantamientos topográficos, el proyecto ejecutivo, las solicitudes licencias y permisos y el estudio de impacto ambiental. La segunda etapa, en proceso, sería la creación de infraestructura de urbanización, la construcción de las villas, de acuerdo a como sean comercializadas en sus diferentes planes de mercadeo y una última para el embellecimiento del proyecto. En un inicio la inversión total sería de 2 mil 312 millones de pesos y se construiría en un plazo de entre 5 a 15 años.

EL PLEITO. En un oficio (el VG/931/2006) que la Comisión de Derechos Humanos hizo llegar a la Procuraduría del Estado se señala que según la sra. Emelia Maldonado Santillana, su familia, socios y trabajadores de su empresa sufrían ataques y amenazas de elementos de la PGJ. Con fecha del 16 de mayo del 2006, el documento relata las declaraciones de la afectada. “Los mismos rateros de siempre han obtenido en Campeche lo que han querido a base de amenazas, juicios improcedentes, registros de propiedades fantasmas y apropiarse así de una buena parte de este Estado”. Continua: “Desde que a los señores del Gobierno y su camarilla les gustó nuestro proyecto se han dedicado a hacernos la vida imposible, cerrándonos incluso con violencia cuantas veces se les ha pegado la gana utilizando al Ministerio Público y a la policía a su antojo e intereses particulares.”

Existen registros que señalan que en marzo del 2005 le fue confiscada la propiedad de los terrenos, una vez que aparecieron documentos en los que Raúl Trejo Uribe denunciaba que se habían apropiado indebidamente de algunos lotes. Más tarde a Maldonado Santanilla le fueron devueltos los predios. El sábado 24 de septiembre del 2005 a las 5 am judiciales armados y con pasamontañas habrían irrumpido en los predios y desalojaron por la fuerza a habitantes y trabajadores del proyecto que en ese entonces compartían en sociedad con los empresarios de origen inglés que impulsaban “Playa Palmeras”. Esta versión fue desmentida por la PGJ.

LOS ECOLOGISTAS. El “Grupo Ecologista Quelonios, A.C.” se describe así mismo como una agrupación que desde hace más de 15 años se dedica a la protección y conservación de la tortuga marina, en especial la de carey en las costas de Champotón. Su campamento está a escasos metros del mar y solo este año cuidaron de más de 12 mil huevos. Unas ocho personas se turnan para recorrer en las noches unos 30 kilómetros de costas buscando nidos para recolectar los huevos hasta que los quelonios nazcan para ser liberados. Este lunes trascendió que los propietarios del proyecto “Santillana del Mar” les prohibieron la entrada y el acceso al campamento a los voluntarios, aludiendo que eran terrenos privados.

INCONGRUENCIA. ¿Por qué el estudio de impacto ambiental del proyecto consta de al menos 10 apartados considerados “información confidencial”, que son protegidos por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública?

¿Por qué si en la página 218, capítulo 5, se comprometen en permitir el uso de espacios para actividades propias de Conservación, Protección e Investigación del recurso tortuguero prohíben la entrada a los ecologistas? Específicamente señala que para el caso del personal del Campamento Tortuguero “Punta Xen” y bañistas en general que quieran acceder a la playa se les autorizará pasar por la propiedad y realizar sus labores propias de recreación y o de conservación. Semarnat tiene la obligación de hacerles cumplir lo que prometieron para que les fuera aprobado el proyecto.

El documento de 262 hojas reconoce que ciertas actividades pudieran afectar el ambiente durante la etapa de construcción y operación del proyecto.

Entre las mayores preocupaciones que existen es la posible afectación que tengan las tortugas al subir a las playas por la contaminación lumínica. Los neonatos orientan su regreso al mar utilizando la luz sobre el horizonte como guía. Si la iluminación, sobre los terrenos que se construirán, como inevitablemente sucederá, es más intensa que la del horizonte, los neonatos confundidos se moverán hacia la tierra en vez de ir al mar y morirán, ya sea por deshidratación o depredación.

Santillana y Semarnat tienen la palabra para salir de la incongruencia.