Meciendo la cuna

El 5 de enero pasado, los pobladores de Ayutla, en la región de la Costa Chica, crearon el primer Grupo de Autodefensa en Guerrero de este año. Este fue el más mediático porque, de existir, existen hace casi 20 años. Allá se aprobó la legalización de estos grupos en la Ley 107 desde mediados de la década de 1990. Ahora, en apenas semanas, ya se tienen registros de al menos otros 50 grupos en el país. El factor común de estas policías comunitarias en los estados de Guerrero, Oaxaca, Morelos, Michoacán y ahora la versión de esta que se creó en el Sur de Campeche, es combatir a la delincuencia organizada. La también ilegal versión campechana la creó el líder del Frente Campesino Independiente Emilia Zapata, Luis Antonio Che Cu, quien reunió para este fin a representantes de 24 comunidades de Escárcega y Candelaria a una asamblea en la comunidad de “El Mirador”, en medio de la selva, en la zona limítrofe con Guatemala.

El viernes, en el hotel Hyatt de Mérida, se reunieron con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Ososrio Chong, los gobernadores de la zona Sur-Sureste. Durante cuatro horas abordaron los temas de seguridad y de cómo combatirla. Tras la encerrona, Osorio Chong, en una corta rueda de prensa, en la que sólo permitió tres preguntas previamente elegidas, advirtió: “Lo que sí les puedo asegurar es que estamos tomando las medidas necesarias, las estrategias que corresponden a cada región, estamos viéndolas estado por estado”. Y eso tiene razón, por mucho tiempo las estrategias de seguridad han sido uniformes y sin diferenciar las problemáticas de cada zona.

La violencia en el país no ha disminuido. Ya no se cuentan los muertos, pero no ha disminuido, y en medio de esta violencia surgen estos grupos de autodefensa. Su propósito parece loable -defender a sus comunidades de la embestida de organizaciones criminales, dedicadas a la extorsión o a explotar recursos naturales- ¿pero como evitar que se conviertan en catedrales de grupos paramilitares? ¿Cómo impedir que ahora Grupos de Autodefensa se enfrenten a las también llamadas Policías Comunitarias surgidas de las leyes ancestrales de las comunidades indígenas? Algunos gobiernos locales justifican esta explosión de descontento como una forma de organización derivada de “usos y costumbres”, pero la Constitución del país prohíbe restringir las libertades de impartir la justicia por propia mano.

Desde Estados Unidos, el Departamento de Estado sugiere que México no debería permitir los Grupos de Autodefensa, pero la Unión Americana no tiene su expediente limpio en esta materia. Durante años se ha especulado sobre los lazos que en 1993 estableció la CIA y la DEA con “Los Pepes”, el grupo que “sin” autorización oficial combatió a los cárteles de la droga en aquél país.

El investigador Michel Bowden, en su libro “Matando a Pablo”, sugirió conexiones entre la CIA y la DEA con el grupo criminal que combatió a Pablo Escobar Gaviria en 1993. También en 1994, en el libro,” ¿A quién beneficia la cocaína?”, publicado por Tercer Mundo Editores, dos periodistas franceses sostuvieron que la CIA había ayudado a crear el grupo Muerte A Secuestradores (MAS). La creación de estos grupos en los 90’s coincide con la responsabilidad del general, Óscar Naranjo Trujillo, hoy asesor en materia de seguridad del gobierno mexicano y quién estaba a cargo de la división de inteligencia de la Policía Colombiana y era el enlace de la DEA y la CIA con el gobierno de su país.

El 6 de julio del 2012, aquí en México, el general colombiano, Naranjo Trujillo sostuvo que entre sus recomendaciones destaca la creación de grupos de choque mixtos para combatir a narcos y bandas de sicarios. En su perspectiva, el uso exclusivamente del Ejército en este tipo de combates es poco recomendable, porque “el poder de fuego causa muertes entre civiles y no intimida a los criminales”, y añadió, “esos grupos de choque pueden ser más efectivas en tareas como cerrar corredores de paso de drogas”. Ese día también dijo: “Lo que he hecho es un llamado para que también se establezcan estrategias diferenciales por región”.

En Colombia la participación de “Los Pepes”, como grupo paramilitar armado, en el combate al narco y el crimen ha sido reconocida pero no esclarecida. La violencia y el narco colombiano perdieron terrenos y el precio para dos generaciones de colombianos fue bastante alto.

La creación de estos grupos en el país deben ser analizados; nadie debería actuar fuera del marco legal y que encima sea considerado como una solución adecuada a la inseguridad. Ya en el Senado de la República existe una iniciativa que plantea permitir a los pueblos y comunidades indígenas formar sus propios cuerpos de seguridad y justicia. El documento fue turnado a las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública.

Para autorizarlo, los senadores deberán reformar entonces los artículos 21 y 115 de la Constitución para establecer, nada más y nada menos, que la seguridad pública no solo estará a cargo de los tres niveles de gobierno.

Resulta difícil creer que estos grupos organizados se creen espontáneamente. El país ha vivido episodios de violencia que, por mucho, superan las circunstancias actuales y la respuesta no ha pasado de docenas de marchas donde todos desfilan vestidos de blanco. Si hoy se están armando los ciudadanos, la pregunta es ¿de quién es la mano que está meciendo la cuna?