Falso forense hace autopsia… y gobierno local la avala

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En julio de 2011, el adolescente Felipe Castillo Tzec fue encontrado muerto dentro de una cueva, en Yucatán, pendiendo de su propia camisa, anudada a su cuello. El joven de 17 años presentaba diversos moretones en el cuerpo, rasguños en las manos y una herida de entre 15 y 20 centímetros en la cabeza, lesiones que fueron registradas fotográficamente durante el levantamiento del cadáver, pero que luego se omitieron en la autopsia de ley, gracias a lo cual la Fiscalía General del estado descartó que Felipe hubiese sido víctima de un homicidio.

Sin embargo, tal como consta en documentación oficial emitida por la misma Fiscalía General de Yucatán dos años después de la muerte de este adolescente, el médico que supuestamente realizó dicha autopsia nunca ha formado parte de su personal forense.

“Las pruebas de que esa autopsia fue falsificada por las autoridades de Yucatán, para brindar impunidad a los asesinos de mi hijo, se acumulan por montones –señala el señor Marco Antonio Castillo, padre del menor–: en primera instancia, el dictamen forense ignora todas las lesiones que presentaba su cuerpo, a pesar de que los peritos en fotografía sí las registraron, heridas que son evidencia de que el muchacho murió de forma violenta; luego, dicho documento señala que la autopsia fue realizada al cuerpo de una persona con un nombre completamente distinto al de mi hijo Felipe; y, por último, la misma Fiscalía termina informando que en sus registros de personal no existe nadie llamado Fernando Martínez García, que es el doctor que firmó el acta de la necropsia.”

A pesar de todo esto, en septiembre pasado, las autoridades de Yucatán refrendaron los resultados de la autopsia supuestamente realizada en 2011, y concluyeron que “no existe delito qué perseguir”, tal como señala la copia de la averiguación previa integrada por la Fiscalía estatal, que forma parte del expediente que, por estos hechos, mantiene abierto la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Fallas engarzadas

En septiembre del año pasado, más de dos años después de la muerte de Felipe, la CNDH emitió su recomendación 34/2013, a través de la cual demandó al gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, rectificar todas las irregularidades detectadas en el proceder de la Fiscalía estatal, en relación con este caso.

Entre estas anomalías, señaló la CNDH, están la existencia de dos expedientes distintos sobre la investigación de la muerte del adolescente, ambos con información contradictoria; además, el organismo autónomo constató que de estos expedientes han sido sustraídas diversas evidencias, tales como las prendas que portaba el menor al momento de fallecer, o su teléfono celular.

Asimismo, se concluyó que, durante el primer año transcurrido desde el fallecimiento de Felipe, las autoridades yucatecas no realizaron ninguna acción formal tendiente al esclarecimiento de los hechos, y que estas labores sólo fueron emprendidas después de que las evidencias se habían desvanecido, tal como ocurrió con el historial de llamadas realizadas desde el teléfono del menor, información que se borró a causa de la tardanza con que fue solicitada.

Durante sus investigaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también detectó que agentes de la Fiscalía de Yucatán entrevistaron informalmente a personas vinculadas con el joven fallecido, quienes reconocieron haber estado en el sitio donde Felipe fue hallado muerto, horas antes de que los hechos se consumaran. Sin embargo, las autoridades yucatecas nunca citaron a estas personas para que rindieran su testimonio oficialmente, y tampoco se investigó de ninguna otra forma su presunta relación con la muerte, aún cuando los familiares del menor los señalaron como sospechosos.

Por último, la recomendación de la CNDH subrayó que en el protocolo de necropisa practicada al cuerpo de Felipe “aparecía, más bien, el nombre de otra persona ajena a la averiguación previa”.

Por todas estas anomalías, el ombudsman nacional concluyó que el Gobierno de Yucatán violó los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la verdad, así como a la debida procuración y acceso a la justicia, en contra de Felipe y su familia, y demandó al gobernador Zapata Bello no sólo rectificar los errores cometidos por la Fiscalía de Yucatán durante sus investigaciones, sino, también, resarcir los daños causados a los deudos, demandas que eran de cumplimiento inmediato.

Esta reconvención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue aceptada por el gobernador yucateco en octubre pasado, un mes después de ser emitida, sin embargo, hasta la fecha su cumplimiento cabal sigue pendiente.

El doctor…

En agosto de 2013, un mes antes de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera su recomendación en contra del gobierno de Yucatán, las autoridades de esa entidad buscaron evitar que dicho procedimiento se concretara, a través de un “acuerdo conciliatorio” que ponía como principal oferta la realización de una segunda autopsia al cuerpo de Felipe, para verificar las causas de su muerte.

Según el acuerdo firmado entonces por la Fiscalía estatal y la CNDH, esta segunda necropsia debía realizarse en presencia no sólo de los padres del menor, sino también ante un perito de la Procuraduría General de la República y tres representantes de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (un visitador, un médico forense y un perito criminalista).

“Sin embargo –acusa el padre de Felipe–, este procedimiento finalmente se realizó a escondidas, no se nos notificó, como familiares, para que pudiéramos acudir, e inexplicablemente la CNDH y la PGR tampoco mandaron a sus representantes.”

Luego de realizar esta segunda necropsia, el 12 de septiembre del año pasado –un día después, de hecho, de que fuera emitida la recomendación 34/2013–, la Fiscalía General de Yucatán determinó que fue correcto “el diagnóstico correspondiente a una anoxemia (muerte por falta de oxígeno) por ahorcamiento, como la descrita en la necropsia realizada (en 2011) por el doctor Fernando Martínez García”, tal como consta en los documentos dirigidos por las autoridades estatales a la CNDH.

Pese a ello, en octubre de 2013, es decir un mes después de que refrendara los resultados de esa primera autopsia, la misma Fiscalía de Yucatán emitió el oficio FGE/DA/RH/0821/13, firmado por su director de Administración, en el cual reconoce que “no se tiene registro alguno con el nombre de Fernando Martínez García en esta dependencia.”

Cabe destacar que, aún después de constatar todas estas irregularidades en el proceder de las autoridades yucatecas, y a pesar de que la recomendación 34/2013 sigue pendiente de cumplimiento, el pasado 9 de enero la Fiscalía General del estado se convirtió “en la primera institución del país en ser certificada por la CNDH” en materia de respeto a los derechos humanos, en una ceremonia en la que el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, el gobernador Rolando Zapata Bello, y la fiscal General del estado, Celia María Rivas, develaron una “placa alusiva a la certificación de la dependencia”, según el comunicado oficial que sobre este acto difundió la CNDH.

Epílogo: el presente

En abril de 2012, el señor Marco Antonio Castillo logró que la CNDH asumiera su caso, tras encadenarse a las rejas de este organismo autónomo. Luego, en septiembre de 2013, el padre de Felipe volvió a instalarse en plantón y ayuno ante oficinas del organismo, ubicadas al sur de la Ciudad de México, para denunciar la injustificada tardanza en la presentación de sus conclusiones, y tres días después el ombudsman nacional emitió, finalmente, la recomendación que reconocía los abusos de los que él y su familia fueron víctimas, por parte de las autoridades yucatecas.

En diciembre del año pasado, este padre de familia volvió por tercera vez a la capital del país, para plantarse de forma indefinida ante la CNDH, para denunciar que el organismo autónomo faltaba a su responsabilidades, al consentir que las autoridades yucatecas ignorasen una recomendación de cumplimiento inmediato, protesta que debió suspender tres días después, ante su deteriorado estado de salud.

Desde el 15 de enero, no obstante, el señor Marco Antonio Castillo Castillo volvió a la Ciudad de México, sin que su estado de salud haya mejorado en absoluto, esta vez para manifestarse ante la representación del gobierno de Yucatán en la capital del país, en demanda del cumplimiento a la recomendación 34/2013. En estas instalaciones, sin embargo, informó que hasta el momento no ha sido atendido.

“Yo no me niego ciegamente a la posibilidad de que mi hijo se suicidara porque se peló con su novia, como aseguran las autoridades que ocurrió –señala el padre de familia–, pero la verdad es que en la versión oficial nada concuerda, mi hijo era un chamaco, y nosotros creemos que lo mataron porque la muchachita que era su novia quedó embarazada y él primero aceptó casarse, así lo habló con la familia de ella, que es gente de recursos, pero luego se arrepintió… Nosotros somos una familia humilde, y esta situación vino a arruinarnos definitivamente, porque yo perdí todo por denunciar y por protestar, perdí mi trabajo, tuvimos que abandonar nuestra casita, y yo incluso tuve que dejar el estado, pero esta lucha no la hago por la reparación de todos estos daños, y ni siquiera es ya para que mi hijo Felipe descanse en paz, porque a él ahora ya nadie puede molestarlo ni lastimarlo, él está con el creador… Esto es para que se haga justicia: para que se castigue a los agentes que de inicio incumplieron su obligación de investigar, y para que ahora se realice una investigación seria, profesional, que permita conocer la verdad sobre la muerte de mi hijo y, de comprobarse que fue asesinado, fincar cargos penales contra los responsables.”