Tirso, Sulub y Farías

LA DEUDA. En su discurso de toma de protesta, el presidente Enrique Peña Nieto anunció en el punto No 11: “Con el objeto de encontrar una solución inmediata para revertir el endeudamiento de estados y municipios, en los siguientes días enviaré al Honorable Congreso de la Unión un proyecto de Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública, que pondrá orden al endeudamiento de los gobiernos locales”.

No hay duda que Peña Nieto ha presentado un equipo económico competente para instrumentar éstas y otras reformas económicas pero el camino está muy lejos de presentarse sencillo.

La deuda de los 31 estados de la República Mexicana y del Distrito Federal es de 404 mil 409 millones de pesos. Para tener una idea del crecimiento de la deuda, en el año 2000 la deuda de todos los estados era 5 veces menor, solo poco más de 90 mil millones. El gobierno de la Ciudad de México debe 54 mil 866 millones de pesos; en segundo lugar está Nuevo León, con 40 mil millones de pesos; en el tercer puesto se coloca el Estado de México, con 38 mil 307 millones de pesos, y en el cuarto, Coahuila, con 36 mil 499 millones de pesos. En su condición de presidente de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, y Secretario de Finanzas de Campeche, Tirso R de la Gala, levantó polvo y pidió a la Secretaría de Hacienda piso parejo: “Un rescate financiero a las entidades federativas que están endeudadas es una buena medida, pero si se pretende inyectar recursos a los gobiernos locales endeudados, también se debería destinar dinero a los que están bien para que puedan usar el dinero en obras de infraestructura” (EL EXPRESO, 3 de diciembre). El Gobierno Federal debe cuidar el mensaje de su rescate financiero. Si bien hay que evitar “el sálvese quién pueda”, tampoco es positivo hacer creer que mientras más irresponsable han sido los estados con su administración mejor les irá en el reparto del pastel. Buscar el rescate de la deuda bajo el principio del “haya sido como haya sido”, un rescate sin acotar responsabilidades terminará alentando a debilitar la administración financiera de estados y municipios bajo el concepto que mientras más endeudado te irá mejor.

EL CONFORT. Si tomamos las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la pobreza afecta a 51 millones 993 mil mexicanos durante este año, esto representa el 46.2% de la población del país, lo que otras palabras indica que casi la mitad de México es pobre. No podrá enfrentarse el tema de la pobreza desde la gestión pública si las medidas para erradicarlas convierten al concepto “pobreza” en un negocio redituable. Lamentablemente en las clases sociales más necesitadas ya está enraizada la idea que, mientras más pobre siguen siendo, más ventajas tendrán. El tema de la pobreza tiene que ser atendido desde un solo programa nacional. Hoy reciben recursos de la Federación, de los gobiernos estatales y del municipio. En una familia considerada “pobre” llegan recursos de “Oportunidades”, “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social”, “Seguro Popular”, “70 y más” (ahora pretenden impulsar el 65 y más), “Programa Nacional de Becas” para niños y jóvenes y del “Subsidio Federal para Vivienda “Esta es tu casa”, “Pisos Firmes”. A esto sumamos las aportaciones que reciben de gobiernos estatales y municipales. Hay familias consideradas “pobres” que reciben recursos mensuales que ascienden a los 8 mil y 10 mil pesos, lo que resulta suficientemente lucrativo para seguir teniendo “el confort de la pobreza”.

Si no se centraliza y se evita la “repartidera clientelar”, no habrá gobierno municipal, estatal o federal que pueda combatirla. Solo la Federación destinó este 2012 más de 317 mil millones de pesos para combatir la pobreza. ¿Disminuyó? No. Si el secretario de Sedesore de Campeche, Miguel Ángel Sulub, avanza junto a la Sedesol sabrán donde concentrar los esfuerzos. ¿Todos necesitan mochilas, útiles escolares, y zapatos?

EDUCAR. El debate público sobre la reforma educativa del país está centrado sobre la capacidad que tienen o no los maestros para ejercer su profesión, las plazas, el SNTE y los salarios. Esto son solo parte de un problema que aún solucionado no resolverá el tema educativo. Una reforma educativa profunda debe considerar una reforma en la manera en la que se administra la educación. México tiene hoy el doble de maestros y estudiantes que lo que tenía en 1980, esto obliga a que se invierta más en la educación, pero también a invertir mejor. Aunque la Federación transfirió a los estados el manejo de recursos, en todos, se impide que el director de una escuela pueda reparar una ventana sin antes pasar por un mecanismo de excesiva burocracia. Los maestros y alumnos tendrán mejores resultados cuando también tengan mejores condiciones para trabajar. La educación pública en el país atiende a 23 millones de los 25 millones de estudiantes que tiene México en primaria, secundaria y preparatoria a lo que se suman más de millón y medio de maestros.

Se tiene que cambiar la manera de administrar la educación, a diferencia del combate de la pobreza, en este sector hay que descentralizar los recursos porque nada garantiza que cuando tengamos excelentes maestros una gotera en el techo, o el frío que entre por una ventana rota no impedirá que se suspenda la clase hasta que una oficina central decida comprar el cristal. El secretario de Educación de Campeche, José Farías Maldonado, mucho podrá hacer en ese sentido.