LOS HECHOS. El 24 de octubre pasado, la Oficina de Inspección Municipal de la Coordinación de Fiscalización, adscrita a la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de Campeche, visitó el establecimiento desde donde opera el centro nocturno ‘Living Bar’. Encontraron el lugar funcionando fuera del horario permitido y la titular de la oficina municipal, Claudia Vilchis Fuentes, procedió a la clausura del lugar. Según testigos, ante el procedimiento de clausurar el establecimiento, uno de los propietarios del lugar, el empresario Jorge Rebolledo, señaló: “Tú a mí me la pelas”. El día 25 rompieron los sellos y volvieron a operar. Una vez más se les volvió a clausurar. Actualmente el Departamento Jurídico del Ayuntamiento lleva el procedimiento.
Días seguidos, el Departamento de Comercio Establecido visitó en la zona de los cockteleros el establecimiento Mandalay, que ocupa dos locales, el 11 y el 12, en propiedad del empresario Manuel Fernando Valle que, según la inspección, no cuenta con licencia de funcionamiento y tiene una deuda de arrendamiento que sobrepasa los 200 mil pesos. El Mandalay fue clausurado, rompieron los sellos y siguieron laborando. Días después en una visita de la oficina de la Coordinación de Fiscalización constató que no cuentan con la licencia de Patente del Gobierno del Estado.
DENUNCIAS. Tras ambos incidentes se desató un escándalo de acusaciones de corrupción. Ambos empresarios denuncian a la titular de la Oficina de Inspección Municipal, Claudia Vilchis, de exigir dinero a los empresarios a cambio de dejarlos operar con libertad. En ninguno de los casos existe una sola evidencia que permita considerar estas acusaciones. Algunos otros dueños de establecimientos se sumaron a acusar a Vilchis de extorsión y fueron más lejos en señalar que su esposo, Israel Segovia, era el encargado de cobrar a los establecimientos la suma acordada de dos mil pesos mensuales cada uno.
¿Esa es la cifra que se cobra para dejar que establecimientos operen a su antojo? Sí. Esa es. ¿Es Claudia o su esposo la que opera la red de cobros de extorsión? Nadie lo ha podido probar.
El 6 de noviembre pasado, el presidente de la Asociación de Centros Nocturnos de Campeche, Carlos Guzmán Lara, hizo llegar a la Secretaría del Ayuntamiento el oficio 011 en el que señala que las denuncias realizadas por los propietarios de ‘Living Bar’ y ‘Mandalay’ son ajenas a la asociación que conforman, según el padrón los centros nocturnos: Briaga Bar, Laffites, Zebras, Margaritas, Mas de 30, Plan B, Bourbon Street, Bar Río, Omega 33, Bloor, El Breve Espacio y Chupis Bar.
Ha trascendido que el subdirector de la Tesorería del Ayuntamiento, Roger Bernes, había tenido un acuerdo con la empresa Cuauhtemoc Moctezuma S.A de C.V en Campeche para que a cambio de dinero dejara operar a los establecimientos que venden sus productos fuera del horario establecido. Acusación que tampoco ha sido probada.
Es un hecho, la corrupción a esos niveles u otros es difícil de probar. Lo que es un hecho es que centros nocturnos, minisúperes y expendios laboran con bastante libertad y sin que se respete lo que dice la ley, sin contar con docenas de clandestinos que operan en varios puntos de la ciudad.
OJO POR OJO. Existe un cuello de botella entre los propios empresarios de giros nocturnos y vendedores de bebidas alcohólicas, el argumento más común es este: “¿Por qué me clausuran a mí, y no a otros?”. Intereses hay muchos y si algo es real es que la ley no se aplica de forma pareja. Si solo los centros nocturnos son los autorizados a vender bebidas alcohólicas después de las 21:00pm o los que reciben un permiso temporal, ¿Por qué no se aplica lo que dice la ley?
No existe un solo centro nocturno en la ciudad, con licencia o sin
ella, que respete los horarios para la venta de bebidas, y en la marcha de lo cotidiano y de la conveniencia, aparecen influyentes, los que deben favores, intermediarios, socios, parientes y amigos que en más de una ocasión doblegan a las autoridades que están haciendo su trabajo. Así es imposible.
“Hacerse de la vista gorda” en un caso y “tener los ojos bien abiertos en otros”, da como resultado una guerra de acusaciones como esta donde ganan los apadrinados y no lo que establece la ley. Nadie en su sano juicio cargaría con el peso político de proponer que se pueda ampliar el horario de venta de bebidas. Como esto no ocurrirá el tema se vuelve complejo cuando muchas veces (siempre) se tuerce lo que está establecido y cada uno hablará, acusará, denunciará y opinará según le va en la fiesta.
Algunos empresarios del giro señalan a establecimientos como El Diamante, Fox, Minisuper Taz, La Plazuela, El Pugatorio, Bull-pen, Martín, Galerías, Licorería Don Luis, Licorería Siglo XXI, Blanco Bar, La Luna, Bar Litros, los Modeloramas, Expendio Belem, Minisuper Pedregal, Super One, y El Mexicanisimo, Minisuper Veracruz, Expendio Hidalgo, El Pirata, Bola 8, Minisuper Kalá y Jaina como sitios que operan irregularmente.
LA LEY. El Código Penal de Campeche establece en su capítulo III, Art. 167: “Al que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad pública, se le aplicarán de tres meses a tres años de prisión, a juicio del juez”. En el Capítulo IX advierte, en el Art. 196 fracción I: “El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, puede ser sancionado con penas similares”.
Quien acusa, debe tener la obligación de probar. Nadie tiene que disculparse por hacer lo correcto. Quien está en lo cierto, y lo sabe, debe abonar a aclarar cualquier hecho, porque cuando la verdad es probada, aunque sea la verdad de uno solo, no dejará de ser verdad.
Ni aquí ni en ninguna parte, nadie se la “puede pelar” a la justicia, salvo que existan cómplices.
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Manuel Fernando Valle Pinzon
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la campechana al reves
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luis humberto panti chuc