Una vergüenza

El Cabildo fue citado a una reunión extraoficial. El tema: la aprobación de la licitación de la basura. Los detalles se afinarían en un encuentro que se realizó en el Hotel del Mar. Allí llegaron todos los regidores. La reunión la encabezó la entonces presidenta municipal, Beatriz Selem Trueba, aseguran dos de los convocados. ¿Por qué hablar hasta ahora? “Nos engañaron”…”Nos prometieron y no nos han cumplido”. Los dos ex regidores no quisieron decir cuál sería la fuente de financiamiento con las que se les cumpliría el siguiente trato a todos, uno por uno: aprobarían la licitación de la recolección de basura a cambio de 500 mil pesos por mano levantada. A José Rafael Fernández, síndico de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento sería el único al que le correspondería más de un millón. A cada uno le darían 200 mil pesos inicialmente y los otros 300 mil se les entregaban antes de terminar la administración el 1 de octubre del 2012. Y así fue; recibieron los primeros 200 mil y aún esperan que la empresa beneficiada o el Ayuntamiento salde la deuda de los 300 mil pesos que aún faltan.

La licitación, con la aprobación del Cabildo, se puso en marcha el 17 de mayo del 2012 de la forma más obscura, de las posibles, en la administración pública. En junio declararon ganador. La licitación había sido diseñada a modo para beneficiar a la sociedad creada entre Red Colector SA de CV y Vigue Relleno Sanitario SA de CV, conocida como “Red Ambiental” y registrada solo meses antes en la notaría pública 104 en Monterrey en la escritura pública 8770 bajo el criterio de sociedad mercantil y que fue registrada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Nuevo León el 7 de octubre del 2011 bajo en folio mercantil 620319.

Con los 200 mil pesos, de los 500 mil prometidos, se había aprobado licitar la recolección de desechos sólidos domiciliarios, comerciales, turísticos, de oficina, industrias, hospitales, clínicas, laboratorios, centros de investigación, establecimientos mercantiles, vía pública, así como el traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos que se generaran en la ciudad. Lo que es lo mismo, decir todo. En el contrato de 36 páginas firmaron, por el municipio, Beatriz Selem Trueba, como alcaldesa y José Rafael Fernández, como síndico de asuntos jurídicos; por la empresa beneficiada, Enrique Montenegro Urbina, representante legal; por el Cabildo, las entonces, segunda regidora, Iliana Mercedes Barrientos y la novena regidora Eddy Candelaria Molina Chable. Como testigos, Gilberto Pizarro Peniche, de Servicios Públicos, y Lourdes del Carmen Aguilar Tello, como tesorera municipal.

Durante la campaña de las pasadas elecciones, con la concesión en mano y viendo las posibilidades de que la entonces candidata del PRI, Ana Martha Escalante ganara la alcaldía, los representantes de la empresa buscaron al equipo de la priista para ofrecer ayuda financiera para la campaña pero tal encuentro nunca fue aceptado. Tras ganar el municipio y durante el proceso de transición tampoco hubo un acercamiento entre la alcaldesa electa y la empresa con sede en Monterrey. Las conversaciones finalmente ocurrieron en noviembre pasado.

Desde el Palacio de Gobierno se consideraba irresponsable administrativamente que el contrato hubiese sido firmado sin ser revisado por la oficina de la asesoría jurídica del gobierno estatal. Pocos días después de realizarse el encuentro, Ana Martha Escalante aseguró que, de haber estado en sus manos, Red Ambiental no tendría la concesión de la recoja de basura en el Municipio de Campeche, pues es un contrato que no es redituable mensualmente para la Comuna, la que ya le debe a la empresa, en solo 4 meses, más de 15 millones de pesos. “De acuerdo al contrato no es rentable para el Ayuntamiento lo que se paga mensualmente a Red Ambiental”, pero agregó que rescindirlo equivale a una cantidad de dinero que no tiene el municipio por lo que espera el fallo de los tribunales. La deuda con la empresa seguirá aumentando. El contrato en la cláusula decimotercera en la página 16 en concepto de “Modificación de Contraprestaciones” advierte que cada año se actualizarán las tarifas.

En diciembre pasado ya fueron presentadas las tarifas del 2013, el ayuntamiento tenía solo 20 días para aprobarlas o negociarla, de lo contrario la actualización se daría de manera automática según lo propuesto por la empresa. En la cláusula trigésima séptima se aprobó que si el ayuntamiento decreta la suspensión del contrato tendrá que pagar el 40 por ciento de lo que falte para cubrir de los 15 años que fue concesionado el servicio, en base a lo facturado en los últimos meses. Eso hoy representa unos 300 millones de pesos. Así de entrampado está el contrato con la empresa. Así de grande es la obligación y la nueva deuda que empezará a acumular el municipio. Así de comprometidas están las finanzas del municipio hasta el año 2027.

Y todavía están buscando quién paga los 300 mil que les deben. Un poco de vergüenza por favor.